En una rápida maniobra política, la mayoría expulsó anoche a  la esposa de Lucio Gutiérrez y a Irina Vargas por no acatar la línea partidista de SP.

La mayoría anticonstituyente  del Congreso aprobó anoche las  descalificaciones como diputadas de Ximena Bohórquez e Irina Vargas, ambas de Sociedad Patriótica.

Fuentes del Prian y del PSC  revelaron que tuvieron que cambiar de posición a  las 18:50, cuando se inició la votación, porque hasta el Congreso llegó la amenaza del ex presidente Lucio Gutiérrez de salirse de la mayoría y así bloquear la reforma constitucional vía Parlamento.

Eso llevó a los prianistas a encargar la presidencia al primer vicepresidente, Édison Chávez (PSP), quien aceleró la descalificación.

La UDC se abstuvo de votar, mientras que solo el PSP, Prian y PSC lo hicieron a favor de la descalificación de Bohórquez del Legislativo.

El Prian y el PSC acordaron al inicio devolver el informe al Comité de Excusas pidiendo una ampliación, pero con la advertencia de Gutiérrez la situación cambió. En reemplazo de Bohórquez actuará Pedro Almeida Mera.

La sesión, que se inició a las 17:10, fue reservada. La minoría (ID, RED, PK, MPD, PRE y PSE) abandonó la sala a las 20:05 en rechazo a la decisión del Parlamento a la que calificó de inconstitucional, porque se violó el procedimiento y no se respetaron plazos.

El diputado Fernando Cordero (NP), miembro del Comité, señaló que nunca se constituyó el Comité y que tampoco fue convocado para conocer el caso Bohórquez, del cual sostuvo  que se trata de un atropello a la ley y un mal comienzo para el Congreso. “Esto no se puede llamar juicio, es una acción de lo más antiética, y es el peor mensaje al Ecuador”, destacó.

Pasadas las 23:30 la sala terminó de debatir el informe de descalificación de la legisladora Irina Vargas (PSP), de Manabí, en el que también se incluyó la separación del suplente, Luis Eduardo Fernández Cevallos, hermano del sentenciado por narcotráfico César Fernández Cevallos, ex gobernador de esa provincia.

Inconstitucionalidad
Previamente, Bohórquez advirtió ayer que el Congreso cometió la primera inconstitucionalidad al dar paso  a un informe acusatorio del Comité de Excusas y Calificaciones sin que haya tenido derecho a la defensa.

Bohórquez y Vargas son las primeras legisladoras a las que el nuevo Congreso aplicó el Código de Ética, cuya investigación e informe se elaboró en un fin de semana, suscrito por los diputados Pedro Almeida (PSP), Sylka Sánchez (Prian) y Pascual del Cioppo (PSC). No firmó el documento Bolívar Castillo (NP).

La primera reacción de Bohórquez fue presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Anunció que pedirá la intervención de la Defensoría del Pueblo.

Bohórquez se desafilió del PSP dos días antes de instalarse el actual periodo legislativo por no compartir la posición de su ex partido político de bloquear la instalación de la Asamblea.

Candado
La hoja de ruta de la mayoría legislativa anticonstituyente sufrió ayer el primer revés al no contar con los votos suficientes para romper el candado constitucional e integrar los organismos de control, como fue pactado.

La falta de votos también se deriva porque el legislador de Galápagos, Ángel Vilema (UDC-ID), no está seguro en esa mayoría que intenta frenar la instalación de una Asamblea Constituyente. 

Esa ausencia de voluntades obligó ayer a la mayoría a posponer el debate de la reforma para abrir el denominado candado constitucional, integrar la terna para elegir al Contralor, Fiscal y conformar las  18 comisiones especializadas.

También se agregan las conversaciones políticas que continúan con el futuro ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, quien busca armar un grupo de diputados y bloquear la ruptura del candado.