La Junta Cívica teme que los enfrentamientos en esta población se asemejen a lo que ocurre en Chone.

La obra de renovación urbana que se ejecutó en el centro de Montecristi alentó un enfrentamiento que hasta provocó la destitución del alcalde de este cantón, Cristóbal Toro (PSC), durante una sesión realizada el 27 de diciembre pasado.

La polémica comenzó cuando la Iglesia protestó porque sobre un terreno de su propiedad se levantó un mural denominado Los Montoneros, que hizo el escultor Ivo Uquillas.

Luego los concejales de la oposición denunciaron que el proyecto fue subdividido en ocho etapas, lo que permitió contratar los trabajos sin seguir un proceso de licitación pública, ya que el monto de las labores se redujo.

Roberto Lucas, vicealcalde de Montecristi, que lidera la oposición, recalcó que “el Concejo nunca resolvió dividir la obra, por lo que se transgredió el artículo 64 de la Ley de Contratación Pública, algo que es causal de destitución”.

Esa versión fue rechazada por Toro, quien aduce que la subdivisión fue “técnicamente justificada”.

Aunque aún no se registran enfrentamientos graves, algunos habitantes temen que la situación empeore tal como acontece en Chone, donde los opositores provocaron destrozos en el Municipio.

Así lo expresó Nicolás Delgado, presidente de la Junta Cívica de Montecristi, quien afirmó que ya hay polarización. “Unos apoyan a Toro y otros quieren que salga, pero nosotros pedimos cordura para evitar que el problema se acreciente”, aseveró.

Seis de los siete concejales se basaron en  un examen de reingeniería realizado por la Contraloría General del Estado (CGE) para destituir a Toro.  Este informe establece que la Municipalidad obvió el proceso de declaratoria pública para expropiar el área donde se edificó parte del mural.

Delgado plantea soluciones para culminar esta disputa. Propone que el Municipio indemnice a la Iglesia Católica por el terreno que utilizó sin su consentimiento para evitar demoler parte de la escultura. “Pero ninguno de los actores dan importancia a nuestro pedido y se mantienen en sus posiciones”, cuestionó.

Toro considera que su destitución es ilegal porque el informe de la CGE no determina responsabilidades penales. “No me pueden destituir porque la Contraloría solo hace observaciones administrativas. Además la obra se hizo por etapas y por eso  dividimos los contratos”, indicó Toro.

El Banco del Estado concedió un préstamo por 617 mil dólares para financiar estas obras. La Municipalidad asignó otros 200 mil dólares.

Lo que sí admite Toro es que no acató un compromiso adquirido ante Mario Ruiz Navas, arzobispo de Manabí.

El Municipio se comprometió a demoler una parte del mural donde está la tejedora manabita para  dejar libre el acceso a la Casa Parroquial. “En una asamblea la gente me pidió que no se destruya, y para mí la voz del pueblo es la voz de Dios”, expresó.