¿Que qué es lo que deseamos los ecuatorianos?, ¿no firmar el TLC, la salida de la base de Manta, una Asamblea Constituyente?... No estoy convencido de que eso sea lo que el pueblo quiere; y no porque usted ha sido elegido presidente y eran estas sus tesis de campaña significa que así sea.

¿Qué es lo que queremos entonces?, sencillamente que ocurra un verdadero mejoramiento en la calidad de vida de nosotros. No interesa si se paga la deuda externa, si la banca ha roto récord de utilidades, si los dineros están en el exterior, si el petróleo es estatal o privado, si existe igualdad social o no.

Queremos sentir una mejor calidad de vida expresada en la seguridad de las ciudades, en el respeto a los derechos civiles, en la capacidad de poder salir de vacaciones, en la posibilidad de alimentarnos bien, de educarnos, de contar con ciudadanos ordenados que generen un país disciplinado y sobre todo honrado; el resto, no importa.

David Ernesto Ricaurte Vélez
Guayaquil

El nuevo gobierno nacional que entrará en funciones  en unos días ha planteado la necesidad de efectuar cambios institucionales en el manejo del comercio exterior, trasladando funciones desde el Micip hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, si la reforma solo se queda en este ámbito, estamos dejando de lado lo trascendente: la necesidad de definir una verdadera política comercial de inserción a los mercados internacionales, bajo una óptica de política de Estado.

La posibilidad de fusiones y cambios en las dependencias del Poder Ejecutivo está contemplada en la Constitución. Seguramente se tiene previsto efectuar un traslado racional y respetuoso de los derechos laborales de una parte de los funcionarios del Micip hacia una institución con prestigio; entonces, el debate no está allí.

Ecuador tiene una economía y una población relativamente pequeña, con un coeficiente elevado del comercio exterior   respecto a la producción nacional –más del 50% del PIB–, con una impresionante dependencia de productos primarios y reducida diversificación de mercados.

Precisamente estos factores exigen una política comercial coherente de inserción a los mercados internacionales, con un manejo racional de los aranceles como instrumento para los encadenamientos productivos, una administración efectiva contra el comercio desleal de otros países por subsidios, etcétera.

Los meros anuncios de cambios institucionales y las críticas a la Comunidad Andina crean preocupación y desazón, por más fundamentos que tengan, son cuestiones parciales, y lo peor del caso es que varios gremios empresariales siguen la misma jugada y no logran ver más allá del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Santiago García Álvarez
Quito