Ecuador reclama por la agresión que hace Colombia a nuestro territorio mediante las fumigaciones que afectan a nuestra riqueza agrícola y poblaciones aledañas a la frontera.

Las amenazantes declaraciones acompañadas de hipocresía que hace diariamente el presidente Uribe destacando la hermandad, demuestra que sufre de amnesia. Hace algunos años los empresarios, banqueros, terratenientes y acaudalados de Colombia formaron un cuantioso fondo para equipar una guerrilla que combatiera a las FARC, de tendencia izquierdista, bajo el auspicio y protección de los gobiernos colombianos, con la dirección de Carlos Castaño, hoy desaparecido. En el gobierno del ex presidente Pastrana se les concedió a las FARC, veinte mil kilómetros de territorio en el sur del país, para que se desplegaran y constituyesen su cuartel general.

Es descabellada la afirmación de que el Ecuador al impedir las fumigaciones está atentando contra la humanidad, tratando de responsabilizarlo de las consecuencias funestas del consumo de la droga. Hoy el gobierno aparenta disolver a las guerrillas que la derecha colombiana formó hace años, cuyo desempeño fue un fracaso y contribuyó al incremento de la producción y comercialización de la droga.

Los gobiernos colombianos cometieron un delito internacional que merece sanción por  organismos internacionales.

Ninguna medida de protección se hace en los Estados Unidos para impedir el consumo de la droga. Su distribución se la hace libremente en casinos de Las Vegas y centros nocturnos; se vende como si fueran cigarrillos.

Las drogas como el éxtasis y el LSD y miles de ellas no pueden venderse por la competencia que hace la cocaína y esa es la médula del problema en una lucha por los mercados.

Ab. Gonzalo Mariscal Contreras
Guayaquil

La posición ecuatoriana respecto de la reanudación de las fumigaciones en el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano debería ser más objetiva y contemplar la integralidad del problema y los intereses superiores de todo el país. Es cierto que el glifosato puede ser un veneno para los habitantes fronterizos, pero enfocar todo el desempeño diplomático y estratégico del Ecuador alrededor del glifosato ignora inapropiadamente los demás elementos del problema.

La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) dice que las fumigaciones son un crimen (EL UNIVERSO,  16 de dic.). ¿Y los dos balazos que recibió la funcionaria judicial ecuatoriana en la nuca no son un crimen? ¿Y la instalación de laboratorios de refinación de coca en territorio ecuatoriano no es un crimen? ¿Y la contaminación de los ríos ecuatorianos con los precursores químicos utilizados por los laboratorios no es peor que el glifosato? ¿Y los tres cadáveres con huellas de crueles torturas en las inmediaciones de los laboratorios descubiertos por la policía no son igualmente el resultado de un crimen? ¿Por qué la Aldhu no dice nada de todo esto?

Manuel Maldonado
Guayaquil