Hace poco recibí una carta desde Esmeraldas: “Desde hace tres semanas dejaron de salir las señales de Canal Uno y Telerama en los televisores de los suscriptores de la empresa Green TV. Llamé a la empresa y me dijeron que habían recibido una carta de los ejecutivos de Canal Uno para que terminantemente dejen de pasar su señal por su empresa y que ellos no pueden hacer nada al respecto, y que pronto aparecerá solo la señal de Telerama. ¿Es legal que a los suscriptores de estas empresas nos dejen sin señal de un canal abierto cuando se supone que por esas señales  no debemos pagar?”.

En Green TV confirmaron que “el motivo de la salida de la señal de Canal Uno, es porque esta empresa quiere cobrar $ 3.000 por pasar su señal a todas las empresas de cable del país, debido a que tienen los derechos del fútbol. Ellos no lo van a hacer porque,  dicen, “es un canal nacional de señal abierta”.

Ejecutivos relacionados con Canal Uno confirmaron la nueva política y la justificaron: “Los derechos por la transmisión del fútbol y otros segmentos de programación son muy altos. Las ‘cableras’ cobran a sus usuarios por el servicio. Lo que hacemos es exactamente lo mismo que Fox Sport o cualquier otra estación”. Aclararon que los montos del cobro, varían de acuerdo al tamaño del mercado de cada empresa de cable.

Lo que no está claro es el sustento legal de que una empresa nacional de señal abierta cobre por su programación. Estamos ante un nuevo modelo de negocio y nadie –ni siquiera en los entes reguladores– se ha ocupado del asunto. Vale la pena recordar que el Estado (en representación de todos nosotros) concede la explotación de un bien público como el espacio radioeléctrico a empresas que cumplen con ciertas condiciones.

En el Ecuador (donde el Estado no asume la obligación y el derecho de tener un canal de servicio público), las empresas privadas de TV deben cumplir con ciertas responsabilidades sociales. En las ciudades medianas y pequeñas, la señal de muchos canales se pierde o llega en pésimas condiciones. Como una forma de solucionar esa deficiencia, las autoridades del sector adoptaron una solución “deficiente”: permitir que se establezcan pequeñas empresas de cable para que los habitantes de los sectores más alejados del país pudieran tener acceso a la TV abierta.

El que uno o varios canales de televisión abierta impongan derechos por retransmisión a través del cable, puede tener una lógica empresarial de lucro, pero rompe con los objetivos anteriores. Ante lo cual habría que exigir a las autoridades regulatorias que hagan cumplir estrictamente con las condiciones técnicas y las áreas de cobertura concesionadas a cada televisora. Actualmente, aun en sectores cercanos a Quito como Cumbayá o Tumbaco, la recepción de TV abierta es deficiente.

El Estado de una vez por todas debe adoptar una política de radio y TV que privilegie el bien común, el cumplimiento de sus propias responsabilidades y el apego sin concesiones a los fines de la Ley. ¿Algo así estará entre las intenciones de cambio del nuevo gobierno?