Si hay algo que caracteriza la evolución reciente del país es el juego contradictorio entre fuerzas sociales corporativas que buscan captar rentas públicas y fuerzas sociales que promueven una democracia de base ciudadana, un Estado con capacidad de promover el desarrollo humano de calidad y una economía de mercado. Como resultado se configura una situación perversa de bloqueo cuyo efecto más evidente es, entre otros, una economía caotizada, con un crecimiento muy por debajo de su potencial, persistencia de la pobreza y la desigualdad, bajo desarrollo humano y un deterioro significativo del Estado. A esto se añade desde 1996 una crisis de las formas de representación que explica la reciente rebelión ciudadana contra los partidos políticos tradicionales.
Este juego contradictorio se da en momentos en que la inserción en la economía global establece límites para el crecimiento económico de cada país y su capacidad de reducir la pobreza. Es claro, sin embargo, que captar las oportunidades en el mercado mundial no es solo resultado de reducciones arancelarias, sino de la calidad de las instituciones. El principal desafío parece ser entonces cómo combinar las posibilidades que ofrecen los mercados globales con las estrategias de inversión y la construcción de instituciones que permitan estimular la expansión empresarial y la innovación, pero de amplia base social. Ello establece en última instancia la competitividad de un país o territorio y su amplitud y cobertura y, por ende, su legitimidad.
Sin embargo, la característica de la economía globalizada es el aceleramiento de los tiempos y de la competencia de diversas zonas del mundo, por aprovechar esas oportunidades. Recientes estudios señalan la enorme dificultad que tienen los países para armar y desarrollar sectores competitivos para la economía global y mantenerlos en el tiempo. De allí la urgencia de lograr estos cambios institucionales y legales que no solo permitan preservar aquellos sectores ya insertos en la economía global, sino promover su ampliación o el afianzamiento competitivo de los sectores que producen para el mercado interno.
¿Cuáles son aquellos factores e instituciones que pueden permitir sentar bases para un desarrollo económico que aproveche las oportunidades de la economía global y al mismo tiempo reducir la pobreza y la desigualdad?
Se trata de recursos humanos de calidad, infraestructura pública (carreteras, comunicaciones, electrificación), paz social, estabilidad política y económica, transparencia e intervenciones y estímulos dirigidos a motivar la inversión y la innovación entre los más amplios sectores. Se trata en cada uno de estos campos de establecer instituciones eficaces para producir estos factores críticos.
Como ha señalado el sociólogo catalán Manuel Castells, los países de la región enfrentan la necesidad de reconectar Estado y nación y recobrar legitimidad en la representación política que comienza a emerger, al tiempo de resolver los requerimientos de inserción en la globalización. El presidente Rafael Correa es simultáneamente resultado de demandas ciudadanas de quebrar este bloqueo como país y esperanza de resolver nuestros grandes desafíos. La Asamblea Constitucional debe ser un poderoso instrumento para un acuerdo político que siente bases para una nueva institucionalidad. La gestión del presidente Correa y de los gobiernos provinciales determinará la fortaleza de intervenciones dirigidas a mejorar la competitividad y la innovación y su amplitud.