El Observatorio de Servicios Públicos y el Foro Ciudadano de Vigilancia de la Gestión Pública expresaron ayer, en un  boletín, su desacuerdo con que se firme el contrato para que la venezolana Electricidad de Valencia (Eleval) administre la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ).

Según ambas organizaciones, resulta extraña la asignación de $ 50 millones con el fin de mejorar el rendimiento de la Categ, “fondos que serán entregados al administrador privado. ¿Quién no puede ser eficiente si tiene recursos y el personal necesarios en el mismo Estado y la Categ?”.

También calificaron de inconsistente el proceso, pues partió de un decreto que se sustenta en una asamblea realizada por delegados de las cámaras, la Espol y el Colegio de Ingenieros Eléctricos, en donde se aprobó la reforma de los estatutos de la empresa. “¿Cómo pudieron reformarlos, si ninguno de ellos era miembro de la Categ?”, indicaron.