El canciller Francisco Carrión debe llamar en consultas al embajador de Ecuador en Bogotá, Alejandro Suárez, como signo de rechazo a la  reanudación de las fumigaciones de glifosato en la frontera común por parte del gobierno de Colombia.

Así lo expresó ayer el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Alexis Ponce, para quien la posición del régimen de Alfredo Palacio es “tibia y reactiva”.

Eso porque, según recordó, Colombia no ha respondido a las notas de protesta ni a los reclamos verbales de Ecuador por los incidentes en la frontera común.

Hechos, dijo, como los asesinatos de Blanca Vega y Héctor Monar, el 15 de octubre anterior en el río San Miguel; la muerte de Víctor Hugo Enríquez, hermano del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Enríquez, en julio pasado; y la explosión de una granada de mortero en Puerto Nuevo.

Para Ponce, la reanudación de las fumigaciones es una “estrategia de provocación” del gobierno de Álvaro Uribe para el régimen de Palacio como para el mandatario electo, Rafael Correa.

De ahí que el activista sugirió la necesidad de plantear una denuncia contra el gobierno colombiano ante la Corte Internacional de La Haya. Paralelamente al tema diplomático, la situación en la frontera es incierta.

El presidente electo de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo (Forcofes), Mario Shingre, reveló que según versiones extraoficiales los pobladores de los recintos de San Miguel y Puerto Mestanza observaron que varios aviones fumigaban territorio colombiano a 100 metros de la frontera con Ecuador.