Parece existir un consenso en que uno de los grandes ganadores de las últimas elecciones fue el ex presidente Lucio Gutiérrez. Poco se ha dicho, sin embargo, sobre las razones de ese triunfo y, probablemente lo más importante, sobre su significado y proyección en la política ecuatoriana. ¿Se trata acaso de una victoria efímera, de las tantas que el Ecuador ha visto, o, por el contrario, de una presencia en la política ecuatoriana que rebasa un resultado electoral coyuntural? Y, si es esto último, ¿cuál será su papel en el futuro?
Es probable que el triunfo de Gutiérrez haya tenido mucho que ver con su caída. Puede que esto no agrade a muchos pero lo cierto es que la mayoría de los ecuatorianos quedaron reducidos al papel de simples espectadores del golpe de Estado que lo llevó a su derrocamiento. La así llamada “rebelión popular” en realidad no fue tal. Decir que Gutiérrez fue quien primero rompió dicho orden por haber contribuido a remover los magistrados de la entonces Corte Suprema, para justificar el golpe de Estado del año pasado, es desconocer el poder de desestabilización que tenían los otrora partidos dueños del escenario político. Solo un niño no podría haber visto que terminadas las elecciones seccionales de 2004, dichos partidos se aprestaban a acorralar judicialmente al Jefe de Estado hasta llevarlo a su destitución siguiendo caminos que les eran harto conocidos desde 1995.
Las acciones de Gutiérrez –muy lamentables por cierto– no fueron sino la reacción ante una muerte segura. Si tan grandes eran los escrúpulos constitucionalistas de quienes lo repudiaron por lo que hizo, ¿por qué, entonces, no hubo igual reacción cuando el Congreso metió la mano en la elección de la Corte Suprema en 1997 contrariando a una consulta popular; o cuando se eligió como presidente de esa Corte a alguien que llenaba el requisito constitucional de “notoria probidad” diciendo que la causa penal iniciada en su contra ya había prescrito, o cuando se persiguió a Gustavo Noboa? ¿Por qué no se inundaron de manifestantes las calles del norte de la capital cada vez que esto sucedía? ¿O es que la Constitución solo se la defiende dependiendo de quien la quebranta?
Para la gran mayoría de los ecuatorianos este doble estándar aplicado sobre un gobierno de origen democrático –y de resultados económicos relativamente positivos– resultó intolerable. Y no es de extrañarse que mucho de esto haya pesado en las últimas elecciones: una bofetada a quienes hicieron del argumento “constitucional” un mero pretexto para esconder resentimientos, delirios u odios, o, lo que es peor, intereses económicos insatisfechos.
Ahora dependerá de su partido si este se convierte en una nueva pieza del viejo sistema político, con las mismas prácticas y herramientas de quienes lo derrocaron, o si su liderazgo tiene una propuesta seria y de largo alcance para el futuro del país. La reforma política constitucional bien podría ser la oportunidad histórica y la prueba de fuego para un partido convertido en la segunda fuerza legislativa.