Los damnificados desean volver a sus tierras, no reciben créditos y quieren rendición de cuentas.

Los afectados por la erupción del volcán Tungurahua el pasado 17 de agosto solicitaron a través de la Defensoría del Pueblo que se aclare el destino de los fondos entregados por la emergencia.

El grupo, conformado por habitantes de comunidades rurales de las provincias de Chimborazo y Tungurahua, cuestiona las obras efectuadas por autoridades seccionales con recursos entregados por el Gobierno.

Las obras, según los afectados, no son necesarias ni prioritarias.

Dinero no se ha justificado
El ex ministro  de Economía, Armando Rodas, durante su función cuestionó a los alcaldes de las zonas afectadas por la erupción del Tungurahua por exigir la  entrega de recursos  sin un plan que lo justifique.

Las autoridades seccionales argumentaron que en una situación de emergencia la justificación resulta un trámite muy engorroso.

Pese a la polémica, el Gobierno anuncia la entrega de 25 millones de dólares para esta zona.

En Chacauco, una de las comunidades más afectadas por el volcán Tungurahua, está casi listo el baño público, solo falta pintar la cubierta.

Con techo de zinc recién instalado y las paredes limpias, sobresale del resto de construcciones porque es nuevo y, más que nada, porque no sirve de mucho en un lugar que, luego de los eventos eruptivos de julio y agosto pasados, quedó, prácticamente, abandonado.

El alcalde de Pelileo (cantón al que pertenece Chacauco), Manuel Caizabanda, dice que la obra es útil, que servirá a “la gente que va para allá a trabajar”. Rodrigo Pallo, uno de los pocos habitantes que regresaron, solo sonríe; es su respuesta inmediata. Mejor, dice, “le cuento que el Banco de Fomento y la (cooperativa privada) Oscus me negaron un préstamo de $1.000 que era para una siembra”.

Frente al nuevo baño está la escuela cerrada. Y al lado, deshabitadas 30 pequeñas casas donadas por organismos no gubernamentales en enero del 2003 a los pobladores de Cusúa, también en zona de alto riesgo. Los medidores de luz siguen en cero, los cuartos vacíos y las puertas cerradas, aunque –este último 31 de octubre– la placa de agradecimiento seguía intacta.

Unas cuadras más abajo, en la granja avícola de la familia Sánchez todavía se ve gallinas aplastadas bajo escombros. De cerca, huele a carne podrida.

En Quito, un día antes, el 30 de octubre, el Gobierno anunció en rueda de prensa una nueva fase para la emergencia: la reconstrucción de la zona y el reasentamiento de los damnificados.

El ministro de Bienestar, Rubén Barberán, aseguró que a los evacuados no les falta agua, medicinas ni alimentos; el de Agricultura (e), Hernán Chiriboga, que reactivará la producción; el de Obras Públicas, Pedro López, que abrirá las vías; el de Vivienda, Héctor Vélez, que construirá las casas. En el campo, los evacuados se cansaron de vivir en albergues. No son sujetos de crédito y empiezan a sentir el desempleo y la falta de efectivo.

El dinero que autorizó el presidente Alfredo Palacio no llega. Según el ministerio de Bienestar Social, entre marzo y octubre, sin contar donaciones o los anticipos por la Ley del 15%, los damnificados han recibido ayuda por cerca de $10 millones (de los cuales $ 7,5 millones canalizó la Defensa Civil).

Antes de renunciar el ex titular de esa cartera, Armando Rodas, criticó a los alcaldes y a la Defensa Civil por exigir transferencias sin un plan.

“Lo que he recibido no es un plan, sino un simple listado de requerimientos...; tampoco se ha remitido un detalle de los justificativos que respaldan la utilización de los recursos”, dijo en una carta enviada el 12 de octubre pasado al director de la Defensa Civil, general (sp) Juan Grijalva.

Para Grijalva la responsabilidad es de los alcaldes. Hasta la semana anterior ninguno había justificado el dinero recibido. Las autoridades municipales sostienen que en una situación de emergencia la justificación resulta un trámite muy engorroso y han ajustado los presupuestos de acuerdo con sus planes.

Pelileo, por ejemplo, reformuló –a veces, por pedido de la comunidad– sus proyectos iniciales. Wilson Pérez, representante de Cusúa, cuestiona “la inoperancia” de las autoridades. Critica que en Pelileo se piense primero en comprar equipos para el hospital del pueblo, que no está en riesgo, y luego en obras básicas para comunidades como Cotaló o Pillate, en áreas críticas.

Pero muchos alcaldes ya no manejarán las nuevas transferencias. El 26 de octubre pasado, el régimen autorizó $ 25 millones adicionales, especialmente, para los reasentamientos y vialidad. El 75% estará en manos de los ministros de Vivienda y Obras Públicas. El resto tendrá que ser ejecutado por Bienestar, Agricultura y algunos municipios.

Al Gobierno le queda menos de tres meses para adjudicar los contratos.