Para descansar en este largo feriado, prefiero no tratar de política sino de dos hechos reconfortantes que implican las actuaciones de dos fiscales, uno de Guayas y otro de Tungurahua, en relación con acciones que se vienen dando, con frecuencia, desde hace mucho, en varios lugares del país, pero que quedan siempre en la impunidad, por lo que, entre otras causas, se repiten.

Normalmente, el ciudadano no debería celebrar o resaltar la correcta actuación de los fiscales porque esa es su obligación para con la sociedad y el Estado, pero ante la  permanente deficiencia de la justicia y del Ministerio Público –de este menos que de aquella– causa regocijo constatar que, aunque sea de vez en cuando, hay funcionarios que proceden como debe ser.

Quienes emitimos opiniones en los medios de información colectiva hemos repetido siempre que las camarillas que impulsan o que son actoras en la paralización de los servicios públicos tienen que ser sancionadas como ordenan la Constitución y el Código Penal, sin embargo, esas disposiciones no se cumplen y a cada rato se toman medidas de hecho para presionar a las autoridades en tal o cual sentido, lo que se agrava cuando se trata de los servicios de educación, de transporte o de salud en hospitales donde se atienden especialmente   niños, y eso es precisamente lo que ha pedido el fiscal Héctor Vanegas, es decir, que el juez penal dicte orden de prisión contra varios de los promotores de un paro ilegal en un hospital pediátrico de Guayaquil, que dejó a varios menores sin atención, lo cual es necesario destacar.

En el otro caso, el fiscal de Tungurahua Rubén Guevara pidió la sanción penal correspondiente contra un ciudadano que mantuvo detenidas a varias personas por algunos días para resolver un conflicto de tierras como si estuviera investido de autoridad para administrar justicia, tal como ha ocurrido también con abigeos y ladrones comunes, que han sido flagelados y hasta torturados con fuego, hechos que, además de su salvajismo implícito, conllevan el pisoteo de los derechos humanos y el ejercicio audaz de una justicia paralela, pero que se están dando con infeliz frecuencia especialmente en la Sierra central del país.

En casos como los relatados las autoridades deben actuar con energía, pues no es posible que los médicos, los profesores, las enfermeras o quienes sean, pagados por el Estado, lo que significa por todos los ciudadanos, impongan a esos mismos ciudadanos la tiranía de la paralización de los servicios públicos que están obligados a prestar, y menos que haya personas que impunemente castiguen o detengan a otros sin representar al Estado ni a nadie, practicando la sanción por mano propia que ignora el Estado de Derecho y la vigencia de la democracia, así como los derechos fundamentales del ser humano.

Si no se cumple como obligación constitucional, al menos que se torne una buena costumbre actuar conforme a la ley en beneficio público.