Las subvenciones que otorga el Estado a las gasolinas, al diésel, al gas y al consumo de energía alcanzarán los $ 2.549 millones al cierre del 2006. Pero el costo social que implicaría eliminarlas o reducirlas, hace que esta idea no se considere en las propuestas de los presidenciables.
Es de aquellos temas que se analizan y debaten en cada gobierno, pero que por su impacto social y el desgaste político que implican, terminan heredándose al próximo.
Eliminar o al menos reducir los subsidios a los combustibles, cuyo peso en los egresos del Estado aumenta cada año, es una decisión que va más allá de los cálculos macroeconómicos. "Depende de una voluntad política y social que actualmente no existe", expresó en mayo pasado el entonces ministro de Economía, Diego Borja, cuando proyectó que este año se destinarían $ 1.600 millones por ese concepto, y anticipó que la decisión iba a dejarse al siguiente régimen.
La cifra estimada, sin embargo, aumentó con el paso de los meses. Los altos precios internacionales del crudo ampliaron la brecha entre el costo de importar derivados (el país no produce suficiente) y los valores a los que se venden al consumidor final (congelados desde enero del 2003); una diferencia que asume el Estado.
De ahí que el Ministerio de Energía, según datos recopilados hasta septiembre, calcula que al término del 2006 se habrá subsidiado en combustibles $ 2.220 millones, lo que representa casi el 5,5% del PIB o riqueza que genera el país al año, y equivale al 25% del presupuesto de la nación ($ 8.564 millones en este año).
No obstante, más que los recursos que estas subvenciones representan, lo que preocupa a las autoridades es el mal uso que se da a los productos y a quienes se beneficia.
El subsecretario de Electrificación, Hernán Sánchez, durante la VII Feria Ecuador Oil & Power efectuada el mes pasado en Quito, reveló que del total subsidiado a las gasolinas extra y súper ($ 575 millones), el 85% se va a la clase adinerada, por tener los recursos para comprar mayores cantidades de combustibles; el 14% llega a la media, y apenas el 1% a la clase popular.
Con el gas de uso doméstico la situación preocupa todavía más, pues de los $ 438 millones que representa esta subvención, el 65% termina en el sector informal (vendedores no regularizados) y el contrabando; el 30% en las industrias y comercios, y solo el 5% en los hogares ecuatorianos.
Petrocomercial, actualmente paga un promedio de $ 10 por el gas para un cilindro de 15 kilos y este se vende al público a $ 1,60 (precio oficial), dando un subsidio de $ 8,40 por tanque. Esto, a criterio del Colegio de Economistas del Guayas (CEG), que analiza el tema en su boletín de septiembre, implica que los beneficiados realmente son familias de ingresos medios y altos, negocios, restaurantes, piscinas, vehículos (taxis, particulares) y quienes se dedican al comercio ilegal del gas.
Como ejemplo, señala que una familia-tipo de cuatro miembros, consume un cilindro mensual y que, en este caso, el subsidio directo es de más de $ 8. Un taxista "usa dos cilindros diarios, lo que equivale a un subsidio de $ 16 por día o $ 480 al mes".
El CEG considera que mantener esta ayuda representa una relación subsidio vs. precio de distribución interno del 123% para el diésel (se compra a $ 2,01 y se vende a $ 0,90); del 47% para la nafta (se importa a $ 1,92 y comercializa a $ 1,31), y del 525% para el gas.
"El subsidio a los derivados es lo que genera el contrabando del mismo.
Por ello, el Servicio de Rentas Internas (SRI) estima en el primer semestre un perjuicio al fisco de $ 692 millones", indica. Frente a esto, el Gobierno actual ha tomado medidas como el Plan Oro Negro, postergado desde la administración de Gustavo Noboa (2001-2002).
Así, vía Decreto N° 1859, suscrito el mes pasado, el presidente Alfredo Palacio dispuso que trabajen en conjunto Petroecuador, el SRI, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el Ministerio de Energía, la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), la Dirección General de la Marina Mercante (Digmer) y otras entidades, para evitar la fuga de derivados de petróleo.
Los resultados han sido escasos, pese a que se han incautado combustibles, cerrado depósitos clandestinos y realizado operativos de control. Es que el problema de fondo persiste: los carburantes en el país se venden a precios menores a los de Perú y Colombia, y ello promueve el contrabando, a decir de analistas.
Este subsidio, sin embargo, no es el único que afecta al fisco. El que se otorga a través de las tarifas eléctricas -congeladas desde el 2002-, alcanzarán al cierre del 2006, $ 329 millones. Y crecen al ritmo que se encarecen los costos de generación. Actualmente, el 40% del total subsidiado beneficia a los hogares pudientes (consumen más de 250 kW/h); el 41%, a los de clase media ( 101 a 250 kW/h), y el 19% a los hogares pobres (0 a 100 kW/h).
EN DETALLE
CRECIMIENTO
Un análisis de la pro forma presupuestaria del 2006, señala que el monto de los subsidios a los combustibles creció en los últimos tres años. En el 2003 fue de $ 487,8 millones. Parte del aumento tiene que ver con el Decreto 338, de julio del 2005, que unificó los precios de los combustibles para el sector eléctrico con los del resto de la economía.
PERJUICIO
La Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) da cuenta de que en el primer semestre se desviaron 1'629.000 barriles de GLP; 1'535.000 barriles de gasolina de alto octanaje; 2'462.000 barriles de cutter stock (residuos de refinación); y 2'810.00 barriles de diésel.
OTRA SUBVENCIÓN
En las reformas a la Ley del Sector Eléctrico se estableció que en el cálculo de la tarifa se deben considerar, además de los costos de generación y transmisión, el valor de distribución, pero no de cada empresa, sino el promedio de todas las distribuidoras. Esto, según el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) creará un subsidio adicional estimado en $ 54 millones.
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