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Comisión deberá aclarar la aplicabilidad de resolución |
Octubre 29, 2006
Tras la publicación en el Registro Oficial de la derogatoria de la detención en firme, los cinco tribunales penales del Guayas empezaron a recibir peticiones de libertad basados en esta resolución.
Pero ninguna ha tenido trámite puesto que la interpretación a la disposición ha provocado un enredo jurídico sobre si tiene o no carácter retroactivo. Esto ha motivado que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integre una comisión de magistrados y jueces que deberá emitir, aunque no se precisó plazo, un informe jurídico sobre su aplicabilidad.
La comisión busca aclarar si los detenidos pueden recuperar su libertad al cumplirse los plazos establecidos sobre la prisión preventiva, pese a la resolución del TC.
A criterio de jueces, presidentes de tribunales y ministros de las salas penales, esta resolución se aplicará para lo futuro, es decir que se acogerían aquellos detenidos que se les inició juicio (instrucción fiscal) a partir del 24 de octubre y que permanecieran sin sentencia durante seis meses (delitos de prisión) y un año (delitos de reclusión).
Del martes al jueves pasado, en las cortes de Guayaquil, Portoviejo y del Azuay se sortearon un promedio de 79 instrucciones fiscales, en su mayoría por los delitos de asalto y robo, contra la vida, estupefacientes y falsificación. Los representantes de los presos aseguran que los favorecidos serían quienes desde el 24 de octubre (un día después de la vigencia de la derogatoria de la detención en firme) les caducó su prisión preventiva y no cumplieron una sentencia.
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