A ello se mostraron dispuestos, ayer, los legisladores que asistieron a un foro organizado por la estatal para impulsar el proyecto.

La propuesta que presentó la Izquierda Democrática plantea en lo fundamental la apertura de Petroecuador a la inversión extranjera y la unificación de sus actuales filiales.

Y para ello reunieron además a los representantes de cinco petroleras estatales de la región, quienes expusieron sus experiencias en la transformación de las empresas.

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Cuarenta diputados asistieron al foro internacional.

Delegados de Enap de Chile, Ecopetrol de Colombia, Petrobras de Brasil, Enarsa de Argentina y Pdvsa de Venezuela detallaron los problemas que cada una de las compañías enfrentó y las políticas que se aplicaron para elevar su eficiencia.

“El modelo actual de la empresa ha cumplido su ciclo; queremos una empresa nueva, ordenada, moderna, libre, rentable y que se inserte con éxito en el mercado petrolero, sin olvidar la responsabilidad social”, sostuvo Hugo Coronel, subsecretario de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, ante el auditorio.

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La intención oficial recibió el respaldo del presidente del Congreso, Wilfrido Lucero (ID): “Buscamos elementos para modernizarla, dado que el Congreso está empezando el trámite (definitivo) de reforma”.

Si los legisladores acogen la reforma, modificarían la actual Ley Especial de Petroecuador para, en su lugar, crear una norma que le permita a la estatal operar fuera del país con capital propio.

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El proyecto ya fue aprobado en primer debate en junio pasado; ayer, el titular de la Comisión de lo Económico del Congreso, Marco Morillo (ID), se comprometió a emitir, en dos semanas más, el informe para segundo debate.

La propuesta, en lo fundamental, plantea la creación de una nueva empresa que abra su capital a inversionistas extranjeros, y la eliminación de las actuales filiales de Petroecuador para unificar la operación de la compañía.

Galo Chiriboga, presidente de la estatal, dijo ayer que sería conveniente que el Congreso –aunque tiene la decisión final– considere la posibilidad de convertir a la petrolera estatal en una sociedad anónima, en la que el dueño absoluto sea el Estado.

Apoya la posibilidad de que los municipios, al igual que alguna petrolera estatal de la región, sean partícipes de la empresa.

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Enrique Dávila, de la chilena Enap, sostuvo que dentro de este tipo de procesos lo más importante es separar las decisiones políticas de las técnicas.

Comentario con el que coincidió Diego Carvajal, de Ecopetrol: “Los roles deben estar bien identificados”.

Un manejo de este tipo, insistieron, ha permitido que las compañías, en estos casos, no enfrenten problemas económicos.