Contralor sospecha de sobreprecio

Desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de negociación con la empresa brasileña E-Vote para el conteo rápido de los sufragios de las elecciones del pasado 15 de octubre, la Contraloría General del Estado sospechó que hubo sobreprecio por el alto costo del contrato que fue de casi $ 6 millones.

Según el contralor subrogante, Genaro Peña, dicho rubro es muy alto y fue objetado desde que el TSE  solicitó a la Contraloría la autorización para la firma del documento.

Peña no escondió su preocupación por esto, pero afirmó que a su tiempo los miembros del TSE fueron advertidos sobre las inconsistencias que contenía el contrato.

Incluso Peña reveló que en dos ocasiones se reunió con el presidente del TSE, Xavier Cazar (PSC), para explicarle que en el proceso de contratación de E-Vote la Contraloría aplicará su nueva ley orgánica (que está en vigencia hace dos años), pues está sobre las normas que establece la Ley de Elecciones y que a su criterio no son aplicables, en lo que se refiere a las exigencias para suscribir contratos públicos.

“Me preocupó el alto costo del contrato, por lo que pedí a los técnicos de Contratación Pública realicen un manejo cuidadoso y prolijo del mismo, pues al tratarse de un alto monto, hay que verificar las garantías y seguridades que tiene”, expresó Peña.

Por estas preocupaciones, hace alrededor de ocho días Peña inició un examen especial al proceso de contratación de E-Vote, que al momento se encuentra en la fase de recopilación de información.

En esta etapa, dijo la autoridad, se analizan los inicios de la gestión del TSE hasta llegar a la suscripción del documento, con los respectivos antecedentes y criterios con los que se propuso la contratación.

Además revisan las propuestas y las empresas que intervinieron en el concurso.

Peña señaló que pese a que el examen especial avanza, un pronunciamiento del organismo de control podría darse luego de la segunda vuelta, prevista para el 26 de noviembre, para evitar cualquier injerencia en el desarrollo del proceso electoral.

Explicó también que no se dio un informe favorable para la adjudicación del contrato, que pedía el TSE, porque ese organismo no  entregó el desglose de rubros del mismo, pese a los reiterados ofrecimientos que hicieron, hasta llegar a la firma del documento.

A juicio de Peña, el haber realizado el contrato sin cumplir la etapa precontractual, a cargo de la Contraloría, trajo como resultado las situaciones que ahora vive el país.

“El Presidente del TSE me dijo que por la falta de atención oportuna de la Contraloría estaba poniendo en riesgo el proceso electoral, qué pena, dije, pues  ellos debieron haber advertido la falta de un estudio analítico para no tener problemas de esa naturaleza”, manifestó.

Mientras, los vocales del TSE sostienen que el contrato cumplió con todos los pasos legales y contractuales, y que si hay un responsable de su incumplimiento es la empresa adjudicataria.