Las multinacionales que operan en Bolivia -entre  ellas la española Repsol, la francesa Total, la británica BG y la brasileña Petrobras- firmarán este viernes un acuerdo para adecuar sus contratos a la nacionalización promulgada por Evo Morales, según el Ministerio de  Hidrocarburos.

Las petroleras, sin embargo, no se han pronunciado ni para confirmar ni  para desmentir la firma de los contratos y mantienen el hermetismo que han  fijado como política desde que en mayo pasado el presidente Evo Morales anunció  la nacionalización de los hidrocarburos.

Un vocero del Ministerio de Hacienda citó a la prensa a la firma de  contratos en una ceremonia que se llevará a cabo en el auditorio del Palacio de  Comunicaciones, en La Paz, a las 20H00 locales (00H00 GMT) de este viernes, un  día antes de que venza el plazo fijado por el gobierno a las empresas  extranjeras para avenirse a la nacionalización.

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Los términos del acuerdo no han sido dados a conocer.

El titular de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales  Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz, declaró a los periodistas que "no hay conflicto con ninguna de las empresas" con las que el gobierno negocia la  adecuación a nuevos contratos.

La autoridad estimó que en las reuniones prevalece "un espíritu  constructivo".

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El ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, que forma parte de una comisión negociadora de alto nivel, consideró en tanto que "hay avances muy importantes con algunas empresas" y destacó que "estamos optimistas y esperanzados" respecto de la suscripción de los contratos.

Las negociaciones entre representantes de las petroleras extranjeras y  técnicos y autoridades del gobierno estaban concentradas en la sede de la  empresa estatal.

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Las últimas discusiones antes de suscribir los convenios se llevan a cabo  en un clima de absoluto hermetismo, aunque en las últimas horas personalidades cercanas a la negociación expresaron optimismo.

"Vamos por buen camino", anticipó el jueves vicepresidente Alvaro García  Linera.

Un buen acuerdo significaría un negocio de 2.000 millones de dólares, es  decir 23% del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano, según el vicepresidente.

"Hay que pensar en la industrialización, ya hay planes en progreso,  Yacimientos se vería favorecido por los recursos que vendrían de esta  nacionalización", dijo por su parte el ministro de Defensa.

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Bolivia dispone, según cifras oficiales, reservas probadas y probables de  1,55 billones (millones de millones) de m3, la segunda más importante de la región, después de Venezuela.

Hasta último momento Petrobras, principal inversor del país y también  responsable de exportar a Brasil 26 millones de metros cúbicos de gas al día, volumen con que abastece la mitad de la demanda interna de ese país, mantuvo en  vilo al país en medio de temores de su posible retiro del negocio.

Otras empresas que suscribirían nuevos contratos son Pluspetrol-Bolivia,  Vintage Petroleum, Chaco y Matpetrol.

El acuerdo que será pactado significa la consolidación del decreto por el  que desde el 1 de mayo las empresas petroleras "están obligadas a entregar en propiedad a YPFB toda la producción de hidrocarburos".

Además, YPFB asume el "ejercicio pleno de la propiedad de todos los  hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización".

La reversión de los recursos gasíferos a manos del Estado clausura una  década del proceso de privatización que redujo a YPFB a un estado residual y entregó los hidrocarburos a las trasnacionales, durante el primer gobierno del liberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97).

El gobernante fue obligado a dimitir a su segundo mandato en octubre de  2003, a un año de haber asumido, por una rebelión popular -opuesta a su  política de hidrocarburos- que se saldó con 60 muertos y más de 400 heridos.