Las empresas consideran atentatorio el acuerdo Nº 212 del Ministerio de Agricultura que ratifica ese sistema y que, según ellas, viola los derechos constitucionales de igualdad, libertad de empresa, contratación y relaciones entre los ingenios y el sector cañicultor.

Los productores rechazan la demanda y defienden el sistema vigente desde hace 18 años, dijo Astolfo Pincay, presidente de la Unión Nacional de Cañicultores.

También se cuestiona la jurisdicción, pues la demanda se presentó en Yaguachi, donde no están asentados los ingenios.

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Desde que se planteó el recurso de amparo se realizaron tres movilizaciones a Yaguachi para presionar a la jueza para que no falle en contra del sector cañicultor.

La dirigencia de la Unión Nacional de Cañicultores viaja hoy a Quito para reunirse con miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).