La última palabra en cuanto a la aplicación de la revocatoria de la detención en firme la tendrá el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con base en el criterio jurídico que emita una comisión de magistrados y jueces que se integró ayer para analizar los efectos de la resolución aprobada por el Tribunal Constitucional, el pasado 26 de septiembre.

La designación de la comisión fue el resultado de una reunión que tuvieron ayer el presidente de la CSJ, Jaime Velasco, y la fiscal general subrogante, Cecilia Armas, con los jueces y fiscales del país, así como con magistrados de las cortes superiores.

La comisión la integran los presidentes de las cortes superiores de Quito y Guayaquil: Fernando Casares y Miguel Félix López, en ese orden. Así también  los jueces penales de Pichincha: Edwin Campaña y Patlova Guerra, y el fiscal distrital de Pichincha, Washington Pesántez.

Esta comisión deberá emitir un informe jurídico, cuyo objetivo es llenar un vacío legal que se creó en el Código de Procedimiento Penal, tras la eliminación de la detención en firme, dijo Casares.

Según la autoridad, el problema es que al no existir la detención en firme, la única figura a través de la cual podría mantenerse detenida una persona es la de detención preventiva, pero esta  caduca en seis meses y en un año, según el tipo de delito.

Dijo que hay que aclarar si los detenidos pueden recuperar su libertad si cumplieron los plazos, pese a la resolución del TC. Por ello, Casares espera el estudio jurídico de la comisión, sobre cuyas recomendaciones el pleno de la CSJ se pronunciará a través de una resolución de aplicación general.

Mientras, los jueces a quienes los reos soliciten la  libertad deberán decidir si  aceptan otorgarla o no, y esto, a juicio de Pesántez, generaría inseguridad jurídica.