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Indagación no requiere levantar la inmunidad |
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| QUITO.- Joffre García (d), magistrado de la Corte Suprema de Justicia, junto con sus colegas, durante la sesión del pleno en la que analizaron el pedido de levantamiento de la inmunidad de los vocales del TSE. | | |
| Octubre 26, 2006
QUITO
La CSJ estableció que la Fiscalía no necesita que se retire la protección a los vocales del TSE para iniciar una investigación del contrato de E-Vote.
La decisión de enjuiciar penalmente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la presunta contratación irregular de la empresa E-Vote quedó en manos de la fiscal subrogante Cecilia Armas, tras el pronunciamiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ayer determinó que no se requiere el levantamiento de la inmunidad de esos funcionarios para iniciar una indagación previa.
En dicha resolución, aprobada en forma unánime, los magistrados consideraron que en acatamiento de las normas constitucionales y legales, la Fiscal General no necesita autorización para iniciar una acción preprocesal en contra de los vocales del TSE.
En ese mismo documento, con el que esperaban notificar a la fiscal Armas la tarde de ayer, pidieron a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) que envíe la documentación al Ministerio Público, a fin de que proceda a darle el trámite legal.
Así se absolvió el pedido de ese organismo, que la semana anterior pidió el levantamiento de la inmunidad de los vocales del TSE.
La resolución de la CSJ, que saldrá publicada en el Registro Oficial, quedará como un criterio de aplicación general para todo el Ministerio Público.
Tras el pronunciamiento de la CSJ, el magistrado Ramón Jiménez pidió a la Fiscalía recuperar el tiempo perdido en el trámite de la indagación.
Para el magistrado Mauro Terán, la resolución de la CSJ es clara y, por tanto, la Fiscalía ya no puede detener el proceso a la espera de que la Corte levante la inmunidad a los vocales del TSE.
El jurista Ramiro Aguilar sostiene que la fiscal tiene las herramientas necesarias para realizar una investigación; pero, si no lo hace, esta podría ser la mejor forma de ocultar las razones de la concesión del contrato a E-Vote.
Tras la revisión de nueva documentación, la CCCC detectó otras irregularidades en la entrega del contrato de transmisión de datos a E-Vote, al determinar que el consorcio se constituyó cinco días después de su adjudicación.
Además, el contrato lo firmó el apoderado de la empresa E-Vote, Paulo Seiji Nakaya, el pasado 27 de septiembre, pese a que ese día no estuvo legalmente en el país, según los datos de Migración recopilados por la CCCC.
La Comisión determinó que las compañías Vía Telecom y Probank, que conforman el consorcio E-Vote, no están registradas en la Superintendencia de Compañías. El organismo señaló que Roque Bustamante Espinoza, Jorge Pizarro Páez, Paulo Bhering Camarao, Paulo Martins Junior y Paulo Seijo Nakaya no figuran como socios, accionistas o administradores del consorcio.
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