María de los Ángeles se opone a pagar $ 19 de gastos de cobranza. Julio dice que ya canceló su deuda y que no sabe de dónde le aparece un saldo de  $ 343,98; Verónica considera exagerados los intereses que le quieren cobrar. Sara reclama que sin haberle avisado que estaba aprobada una refinanciación de su deuda  hayan  empezado a correr el plazo y los intereses de mora.

Estas son las cuatro denuncias que se presentaron este año en la Defensoría del Pueblo en contra de las emisoras de  dos tarjetas de crédito.

En la mayoría se trata de falta de información, pese a que es una obligación de la empresa emisora de la tarjeta y del cliente  dar y pedir todos los datos sobre cobros e intereses, indica John Caicedo, abogado de la Defensoría.

El problema se da sobre todo cuando se cae en mora y empiezan las llamadas telefónicas, lo que se llama gestión de cobro y que tiene un costo para el deudor. No solo se les llama al domicilio sino a los trabajos. Ante eso, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que en la cobranza de créditos, el consumidor no deberá ser expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza, por el proveedor (emisora) o quien actúe en su nombre (empresas que gestionan el cobro).