La bandera del Ecuador flameaba en un tubo oxidado y la frondosa selva verde se mecía con una leve brisa. Aquel paisaje matizó el proceso electoral de ayer en el colegio Rafael Rodríguez de la parroquia General Farfán, a orillas del río San Miguel, fronterizo con Colombia.

Ahí, donde los campesinos se quejan por los efectos del conflicto armado del vecino país, especialmente por las fumigaciones aéreas para eliminar las plantaciones de coca, decenas de hombres y mujeres formaron columnas desde las 06h30 para sufragar en las cinco juntas receptoras.

Cada uno dejaba ver optimismo y expectativa. “Ojalá los electos hagan algo por nosotros, que estamos olvidados”, refirió una mujer que sin dar su nombre señaló residir en Patria Nueva, recinto de General Farfán.

Con la misma esperanza que en esta parroquia fronteriza, los comicios se cumplieron ayer en el resto de Sucumbíos, así como en la vecina Orellana, dos provincias que permanentemente protestan por la falta de servicios básicos.

La primera registró un padrón de 84.802 votantes, el 0,93% del total nacional de 9,1 millones; la segunda, 54.595 electores, el 0,60%. Sin embargo, ambas son estratégicas en el desarrollo del país, pues de su territorio se extrae casi el 90% de los aproximadamente 250 mil barriles diarios de petróleo, el principal rubro de exportación.

El proceso ayer se cumplió sin mayores contratiempos. El ejército empleó helicópteros y botes para hacer llegar, el sábado, el material electoral a los sectores aislados. En Sucumbíos, los más alejados son La Piedad, parroquia con 75 votantes ubicada en las estribaciones de la cordillera y adonde se accede tras seis horas de caminata.

Además, Puerto Rodríguez, Santa Elena y Puerto Bolívar, en la línea de frontera, que suman 300 empadronados y a las que se ingresa luego de tres horas de navegación desde puerto El Carmen.

En Nueva Loja, capital de Sucumbíos, los ciudadanos se quejaron por la falta de mesas de información, mientras Abraham Freire, delegado de Participación Ciudadana, protestó porque los militares supuestamente impidieron el trabajo de los delegados del organismo, así como de personas que hacían sondeos a boca de urna para una encuestadora y una cadena de televisión.