La facultad que le otorgó el Congreso Nacional a las notarías para tramitar divorcios de mutuo consentimiento descongestionará el trabajo de los juzgados civiles que, de acuerdo con la ley vigente, son los que intervienen en estos casos.

El costo del divorcio será regulado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), una vez que las reformas a la Ley Notarial entren en vigencia con su publicación en el Registro Oficial, tras su aprobación definitiva.

Los diputados, el jueves anterior, facultaron a los notarios para que legalicen el divorcio de mutuo consentimiento, siempre que no existan hijos menores bajo la protección de los padres.

El plazo para la legalización de un divorcio, según el presidente de la Federación de notarios del país, Jorge Machado, no excederá de los tres meses en virtud de que los notarios, por mandato de la nueva ley, deberán convocar a una audiencia a las partes, en un plazo no mayor de dos meses.

En la diligencia los cónyuges ratificarán su decisión de terminar con el matrimonio, luego de lo cual, dijo Machado, se deberá concurrir al Registro Oficial para inscribir el acta de divorcio, con lo cual terminará el trámite.

Una vez aprobada la ley la Federación de Notarios pedirá al Consejo Nacional de la Judicatura que fije el monto por cobrarse para la prestación de este servicio.

El Colegio de Notarios será el encargado de sortear las causas entre las notarías de un determinado sector. Las partes decidirán el abogado que los representará.