Fiscales y jueces plantearon alternativas para evitar que miles de reos salgan en libertad, en caso de que el Tribunal Constitucional (TC) decida, el martes próximo, publicar en el Registro Oficial la derogatoria de la detención en firme.

El presidente de la Corte Superior de Quito, Fernando Casares, propuso ayer la inaplicabilidad de lo dispuesto en la resolución del TC.

Reconoció que es una alternativa “no químicamente pura” en el campo jurídico, pero que beneficiaría a la ciudadanía.

La idea de Casares es que los jueces argumenten la inaplicabilidad de esta resolución según el artículo 274 de la Constitución, amparados en uno de los acápites de la propia resolución.

Ese párrafo dice: “Se exhorta al Congreso Nacional a que reforme de manera urgente el Código de Procedimiento Penal, a fin de que se adecúe a esta resolución”.

Así, los jueces plantearían que no se puede aplicar la ley, mientras no haya dicha reforma, que la deberá hacer el próximo Congreso Nacional.
La propuesta, que será discutida por la Función Judicial y el Ministerio Público de Pichincha, fue dada a conocer en el foro taller en el que participaron unos 100 representantes del sector judicial.

Washington Pesántez, fiscal distrital de Pichincha, dijo que se realizará un documento oficial y se pedirá una reunión con los miembros del TC para explicarles las implicaciones de su resolución.

Los reos continuaron ayer con su medida de protesta (huelga de hambre y declaración en rebeldía).