El Parlamento francés adoptó ayer una ley que refuerza los mecanismos de control para evitar los matrimonios de conveniencia, utilizados en algunas ocasiones por inmigrantes sin papeles para conseguir el permiso de residencia, y las bodas forzadas.

La ley, aprobada por los parlamentarios del partido de la mayoría conservadora UMP y con el voto en contra de los socialistas, pretende una mayor verificación de la validez de los matrimonios celebrados en el extranjero, que necesitarán en caso de duda para ser validados en Francia una audiencia por parte de las autoridades consulares.

Las autoridades francesas pretenden evitar que el matrimonio sea utilizado para que uno de los cónyuges obtenga el estatuto de residente en Francia y luchar contra la inmigración irregular.

La ley incluye un mecanismo por el que pasa a ser obligatorio el control de la identidad de las personas que pretenden contraer matrimonio, e incluso contempla un interrogatorio de los futuros esposos en caso de que existan dudas sobre el libre consentimiento de cada uno de ellos.

El ministro francés de Justicia, Pascal Clément, defendió el texto porque trata de impedir la utilización del matrimonio con “fines migratorios” y  “restablece el equilibrio entre la libertad de casarse con el control de la sinceridad de la intención matrimonial”.

Clément había defendido la pertinencia de esta ley teniendo en cuenta que el número de bodas celebradas en Francia entre franceses y extranjeros había aumentado en el 62% entre 1999 y el 2003.

En el 2005 hubo 50.000 de esos matrimonios del total de  275.000 celebrados en Francia, a los que hay que sumar 45.000 formalizados en el extranjero pero que concernían a franceses o residentes de ese país.

Mientras, los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países del sur de la Unión Europea iniciaron ayer una reunión en Atenas para discutir la  inmigración clandestina.