Dos de los cuatro consorcios precalificados a la concesión del puerto de Guayaquil están inconformes con los documentos de la licitación que se enviaron ayer a la Contraloría y Procuraduría General del Estado.

Uno de los representantes de las empresas, que prefirió mantener su nombre y el de la compañía en reserva, manifestó que han enviado varios oficios  a la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) con observaciones al modelo del contrato y el proyecto de inversión.

Sin embargo, hasta el pasado miércoles, cuando se efectuó la última reunión entre los participantes del proceso y la autoridad, dichas observaciones no se tomaron en cuenta para la elaboración de los textos finales.

A ambas empresas les preocupa que se aplique la denominada ‘oferta temeraria’,   momento en que el oferente tiene la oportunidad de renegociar el plan de gestión del puerto. Al abrir paso a esta posibilidad, dijo la fuente, “se modificarían los ofrecimientos de inversión”.

Asimismo, cuestionan la aplicación de la ‘garantía de seriedad de oferta’, que promedia los $ 5 millones en caso de que el oferente incumpla con la presentación de algún documento. También reclaman por el precio máximo definido para la operación de embarque de banano; lo consideran insuficiente para cubrir los costos de operación.

El funcionario del consorcio afirmó que el proceso de entrega del puerto marítimo se está tramitando con rapidez por presiones políticas; “tal vez buscan que se firme el contrato de concesión antes de que termine el actual gobierno”, añadió.

No obstante, las reacciones de estos consorcios contrastan con las versiones de otros participantes que insisten en que el proceso de concesión marcha sin inconvenientes.

Roberto González, de Consulegis, estudio jurídico que representa a la empresa Ictsi, indicó que durante la fase de data room (consultas) hubo apertura de la APG y los oferentes. “Solo se hizo una aclaración en la naturaleza de la concesión, es decir que es de servicio público. Con esto se definen las responsabilidades para el operador y la APG”.

En la transparencia del proceso también coincide Marcelo Ramírez, apoderado de  Empresas Navieras, quien mencionó que los oferentes no pueden dar mayores detalles sobre la licitación debido a una cláusula de confidencialidad. Lo mismo señaló Flavio Yanuzzelli, de Transagent-Inversiones Cosmos.

Fernando Donoso, presidente del directorio de APG, sostuvo que no hay diferencias con las empresas precalificadas. Sin embargo, aclaró que aún hay tiempo de modificar las bases de la licitación, “aunque eso ya corresponde al Consejo de Modernización y a la Procuraduría”.

El operador que  obtenga la concesión del puerto de Guayaquil deberá manejar la terminal durante 20 años e invertir más de $ 110 millones.

Hasta el momento existen seis interesados en el proceso, de los cuales cuatro están inscritos en calidad de consorcios y dos como inversionistas. Estos últimos son Corporación América y Empresas Navieras, quienes para continuar en el proceso deberán aliarse con operadores portuarios.

PEDIDOS

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Durante la fase de data room  (consultas), las empresas precalificadas en el proceso de concesión del puerto de Guayaquil solicitaron a la Autoridad Portuaria que inicie las gestiones para que la terminal también sea tomada en cuenta en la Ley de Beneficios Tributarios.

El cuerpo legal exonera del pago del 95% de impuestos municipales y del 100% de los tributos nacionales a las empresas que realicen inversiones en varios sectores, entre los que se incluye la  construcción de puertos de aguas profundas.

La iniciativa surgió luego de que  APG propusiera la construcción de  un nuevo muelle en el puerto para que puedan atracar los buques de mayor calado (de hasta 12 metros de profundidad).

Sin embargo, el directorio de la entidad ha manifestado que los trámites para obtener los beneficios tributarios son responsabilidad del futuro operador del puerto.