La declaración firmada en el V Encuentro Cívico por Guayaquil recibió una generalizada aprobación de diferentes estamentos de la sociedad, pero se advierten las dificultades políticas de la aplicación del plan estratégico, ante lo que se recomienda implementar veedurías ciudadanas.
El paradigma cambió. Por primera vez desde su fundación, Guayaquil no solo intenta proyectarse en el mediano plazo sino también pensarse como la ciudad que es ahora, pero, sobre todo, la que quiere llegar a ser. Luego de la firma de la Declaración de Guayaquil, las voces a favor del proyecto liderado por la Junta Cívica se multiplican a lo largo y ancho del país.
Según el acuerdo firmado el pasado viernes 22 de septiembre, al final del V Encuentro Cívico por Guayaquil, el documento que deberá regir el crecimiento del puerto principal en los próximos veinte años deberá estar listo después de los seis primeros meses del 2007.
"Es una magnífica idea. Los planes estratégicos deben trascender a la temporalidad de un alcalde. Debido a las características de la democracia ecuatoriana, muchas veces elegimos pésimos funcionarios y que la comunidad exija el cumplimiento de programas de desarrollo como este es absolutamente saludable", considera Fernando Navarro, ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito.
Con él concuerda Bolívar Cali Bajaña. El ex jefe del Cabildo porteño añade que, precisamente, el gran problema de los municipios ha sido la falta de continuidad en obras.
"El siguiente burgomaestre siempre trató de borrar todo lo bueno hecho por su antecesor para su propio lucimiento. Guayaquil se caracterizó por una actitud populista de sus líderes, cada nuevo personero quiso ejecutar su propio plan. Cuando este proyecto esté en marcha, ningún funcionario tendrá excusas para desviarse de los ejes que la ciudad eligió para desarrollarse en el futuro", explica Cali.
¿Político o apolítico?
La aceptación de la declaración es unánime. Y también la apreciación de que en el proceso de elaboración y ejecución del documento que regirá el crecimiento del puerto principal deben estar involucrados todos. Mas, el consenso termina cuando se menciona a los partidos políticos.
Según Gonzalo Noboa, primer vicepresidente de la Junta Cívica, en el inicio es importante la intervención de representantes de los partidos que aporten ideas para el desarrollo del puerto principal. Él no considera un problema llegar a consensos entre las diferentes tiendas políticas.
Raúl Baca Carbo, ex alcalde de la ciudad, comparte aquel criterio. "La democracia no funciona sin política. Lo ideal sería hacer que la iniciativa convenza a los sectores sociales más representativos, y qué más lo es que un partido político cuando funciona bien. Deben involucrarse, dar sus rasgos ideológicos al tema y producir debates positivos en búsqueda de consensos".
Pero desde Cuenca llegan voces en contra. "Los partidos políticos tienen que ganarse un espacio para ser invitados a estas cosas. Solo cuando tengan actitudes decentes estarán en iniciativas decentes como esta que se está gestando", asegura Fernando Cordero, ex alcalde de Cuenca.
Su argumento es compartido por Rodrigo Paz, ex primer personero de Quito, quien aclara que el escenario de este proyecto no debe ser político.
Los ejes de desarrollo
Otro aspecto a estudiarse bien es el de los puntos de desarrollo que enfoca el plan. Los consultados coinciden en el acierto en su elección, pero advierten su insuficiencia.
"El problema fundamental es que todos esos objetivos deben ser medios para conseguir fines específicos. Ninguna de esas obras por sí es suficiente si no produce necesariamente un mejoramiento de la sociedad", manifiesta Baca Carbo.
Paz y Cali van más allá. Exponen que la gran aspiración de los guayaquileños es la solución de sus problemas de agua potable y alcantarillado, vivienda, orden de la migración campesina, y tener una ciudad libre de delincuencia.
Cordero, por su parte, pide pensar "también en el desarrollo nacional porque la suma de ciudades bien administradas y planificadas no da como resultado un país igual".
Sobre la factibilidad de la aplicación del proyecto una vez elaborado, los criterios están divididos, pero todos coinciden en que el Plan Estratégico le pertenecerá a la comunidad y es ella la que debe vigilar atentamente su correcta ejecución, mediante la creación de diferentes veedurías ciudadanas.
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