Dos de las actuaciones del Ministerio de Trabajo en la mediación de conflictos laborales entre   empresas y sus  trabajadores presentan cuestionamientos.

La nulidad de sentencias por parte de los tribunales de conciliación consta en las supuestas irregularidades denunciadas por el ex director de Trabajo del Litoral, Jacobo Quintero Touma, quien renunció el miércoles pasado y el viernes fue revocado del cargo.

La mayor denuncia fue que el director de Trabajo anterior no actuó ante el cobro ilegal de $ 200 de la tercerizadora que buscó personal para Oceanis (la cual estafó a cientos de personas con falsas ofertas de empleo). El Ministerio admitió que realizó inspecciones a la empresa, pero halló los papeles en regla y no actuó más.

En el tema de la nulidad de sentencias cuestionadas por Quintero Touma, señaló la decisión del 31 de mayo del 2006, cuando el Tribunal declaró la nulidad de parte del proceso  por no haberse  notificado al Procurador del Estado por tratarse  de un caso de una  empresa pública (Aviación Civil).

Estos tribunales se conforman con dos vocales de cada parte y lo preside el director de Trabajo. En el  caso anterior, dos  vocales, en un escrito, señalaron que pretender que el Tribunal declare la nulidad de una sentencia supuestamente por violación de trámite, sería inducirlos a cometer prevaricato, pues “esos puntos fueron tratados y analizados por unanimidad por los vocales tanto en el voto de mayoría como en el voto salvado. Constando en ambos votos que en la sustentación de las causas no se advierte solemnidad sustancial que pueda alterar los resultados de la misma y viciarla de nulidad, por lo que se la declara válido”.

Agregan que “aceptar las peticiones de los demandados en cuanto a nulidad de la sentencia sería violar el art. 281 del Código de Procedimiento Civil que prohíbe al juez que dictó sentencia alterar su sentido”.

En el conflicto colectivo de trabajo de la compañía Cosace, la Inspectoría Provincial del Trabajo de Manabí declara nulo parte del proceso, también por falta de aviso de la sentencia a la empresa.

El viceministro de Trabajo (e), Solón Villavicencio, explicó que “esos son trámites que se han dado dentro de los procesos de conflicto colectivo y muchos de ellos se están ventilando en Quito. Se ha dado un caso y lo está ventilando las autoridades para ver si se actuó legal o ilegalmente”.

Sostuvo que conoce que en un caso los trabajadores presentaron una acción penal por prevaricato a la mayoría que aprobó la nulidad, y entonces lo debe resolver el poder judicial.

FUNCIONARIOS

TRASLADO DE EXPEDIENTE
El viceministro de Trabajo (e), Solón Villavicencio, dijo que es legal enviar los procesos a Quito para revisión, en respuesta al cuestionamiento del ex director de Trabajo, Jacobo Quintero Touma, del envío de la documentación de un caso de Manta  al entonces viceministro José Serrano.

DENUNCIAS
Ante varias denuncias presentadas en contra de la Inspectoría de El Oro, la autoridad indicó que todos los funcionarios están amparados en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. “Todos los días recibo denuncias, las envío a personal, luego a jurídico, y si la infracción es grave sanciona Quito. Uno está aquí entre dos fuerzas, patrones y los obreros. Cuando una toma una resolución y el otro se siente perjudicado te denuncian. Se debe tomar con serenidad para no caer en el juego”.

FALTA DE INSCRIPCIONES
El ex director señala a una funcionaria de no registrar ocho directivas de trabajadores desde el 2002 y no tramitar carpetas de los aspirantes a trabajar en España.