Pascual Eugenio del Cioppo, presidente nacional del PSC, consideró a la sociedad ecuatoriana como “religiosa, cristiana [y] conservadora”; manifestó su honda preocupación por la enseñanza del uso de los métodos anticonceptivos, mismos cuya importación prohibía en un proyecto de ley y que fundamenta su condena a los libros Mi Sexualidad y Aprendiendo a Prevenir porque constituyen “una invitación a tener relaciones sexuales” en vista de que vuelve a los jóvenes expertos en su uso; recomendó la abstinencia como “el camino correcto para llevar una vida sexual sana” porque entiende “que es peligroso iniciarse sexualmente antes del matrimonio” e importante para la persona “llegar virgen y santa al matrimonio” y declaró que la educación sexual contradice la voluntad de las familias que prefieren que sus hijos conozcan más tarde sobre esta. En materia de educación sexual, tal es su ideario.

En relación con estas opiniones ofreceré, en principio, solo un par de estadísticas que acaso nos preocupen y obliguen a la reflexión: el 58% de las embarazadas y el 15% de los portadores del virus del sida son adolescentes. Esta realidad se puede enfrentar desde distintas actitudes. Una persona de profundas convicciones católicas puede practicar la abstinencia y, obviamente, no cabe nada que objetarle: la ampara el artículo 23 numeral 11 de la Constitución. Otra puede decidir libremente usar un preservativo para mantener una relación sexual y tampoco cabe hacerle ninguna objeción: la ampara el artículo 23 numeral 25 de la Constitución. Como opciones individuales, ambas son plenamente válidas.

No lo serían, sin embargo, si se refieren a políticas de Estado en cuyo caso, sin duda alguna, debe optarse por una política laica. La Constitución obliga al Estado a garantizarle a toda persona la toma de decisiones responsables acerca de su vida sexual, adoptar políticas de paternidad y maternidad responsables y ofrecer una educación laica en todos sus niveles. En su laicidad, que mantiene desde 1906, el Estado no está obligado a representar la postura moral de religión alguna; sí tiene, en cambio, la obligación de otorgarles a sus habitantes la información adecuada para que de manera libre y responsable decidan sobre tales aspectos de su intimidad.

Esta información adecuada se denomina “educación sexual” e implica una idónea enseñanza para que las personas, desde su adolescencia, sepan cuidarse a sí mismas y a sus eventuales parejas y asuman la libertad y la responsabilidad que implican sus actos, desde un prisma tanto biológico como afectivo. No cabe tenerle prejuiciosos miedos a esta educación: una estudiante de 18 años, Ana Bouting, opinó en uno de los diarios de la ciudad que educar a los jóvenes sobre sexo no hará que estos “salgan corriendo a tener relaciones” sino, por el contrario, “los hará meditar sobre las consecuencias de sus actos” y que “sepan tomar las debidas precauciones”. Ana Bouting sabe (todos lo sabemos, aunque algunos tiendan en ocasiones a olvidarlo) que la ignorancia es una pésima consejera. Es también el único grave defecto que en esta materia un país que se precie de civilizado no puede permitirse.

En razón de lo expuesto, me complace profundamente que el ideario que Pascual Eugenio del Cioppo representa no haya prosperado durante la discusión de la Ley Orgánica Sustitutiva del Código de la Salud y que se haya adoptado el capítulo sobre Salud Sexual y Reproductiva que, en esencia, desarrolla estos postulados que menciono. Así debe mantenerse. Tengo la firme convicción de que esta reforma sirve a los propósitos de la libertad y la responsabilidad de los individuos que, con cita de Manual Azaña, “no sé si hagan más felices a los hombres, pero lo que sí sé es que los hace más hombres”. Que el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones, sepa garantizarnos el acceso a la libertad sexual; su uso responsable, como no podría ser de otra manera, queda entonces en nuestras manos.