Desde la detención de Orbe Castillo y Johanna Castillo, funcionarios de  Eurowork, el 19 de septiembre pasado, la Fiscalía de Migración recibió 205 denuncias de personas que además de reclamar la visados, solicitan la devolución del dinero entregado a cambio de supuestos contratos de trabajo en España.

Arturo Cordero, asesor legal de Eurowork, quien llegó desde México con la intención de reembolsar el dinero a quienes se sienten afectados, no ha logrado que el Estado ecuatoriano, a través, de la Superintendencia de Compañías determine la entidad financiera que acepte un fideicomiso, que servirá como garantía de pago a los perjudicados.