Para el ciudadano común: la Ley Suprema de todo Estado moderno se llama Constitución porque a través de ella se constituye políticamente una sociedad nacional, se da a sí misma la forma que libremente escoja.
La capacidad para hacer esto se llama Poder Constituyente y lo tiene el pueblo, el conjunto de los ciudadanos; lo ejerce a través de representantes que se reúnen en Asamblea. Este Poder no es derogable por nadie, no se renuncia jamás y se ejerce cuando un régimen político, establecido en la Constitución que esté vigente, ha llegado a su agotamiento.
El régimen político actual está agotado en el Ecuador, y por lo que se ve, en el resto de América Latina; a esto se debe la amplísima demanda social para que se convoque a una Asamblea Constituyente. En realidad nos encontramos en un momento de ruptura histórica: atrás está todavía el viejo Ecuador, con sus pesados lastres coloniales a los que se han sumado “modernas” formas de dominación; hacia el futuro, el país que no nace pero está gestándose en el vientre de la Historia: equitativo, solidario, trabajador incansable, constructor de su prosperidad. La disyuntiva está entre permitir un parto natural con mínimos dolores o precipitarnos en una hecatombe violenta e impredecible.
Toda Constitución tiene dos partes: en la primera se contienen los derechos y obligaciones de todas las personas, además de los mecanismos jurídicos para protegerlos; en eso la actual es bastante buena. En la segunda está la organización institucional necesaria para cumplir lo primero: división y atribuciones de las diversas funciones públicas, organización territorial, sistema económico, regulación de la participación democrática, orden jurídico interno; esta es la parte que falla, y falla porque así lo tiene programado la clase política que domina al viejo Ecuador.
Durante años esos intereses corruptos han despedazado sistemáticamente la Constitución hasta convertirla en cascarón vacío cuyas principales instituciones (Congreso en primerísimo lugar, administración de Justicia, Tribunal Constitucional, Estado central, gobiernos locales y un largo etcétera) han dejado de responder a los intereses conjuntos de la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo recoger los pedazos útiles de esa institucionalidad, mejorar lo que aún sirve, reemplazar lo inútil, introducir lo nuevo? Únicamente reuniendo una nueva Asamblea que ejerza el Poder Constituyente del pueblo y lo haga para el pueblo.
¿O cree usted, ciudadano(a) lector(a), que puede hacerlo un Congreso parecido al que tenemos?
El barco de la democracia hace agua por todos lados y no queda más remedio que vararlo, arreglar el casco, reparar las máquinas y cambiar a la tripulación inepta.
Esto solo puede hacerlo una Constituyente, un órgano del poder soberano con verdadera representación popular y suficientes atribuciones. No este Congreso corrompido y parásito que no representa a nadie, ni otro Congreso clonado del actual.
La Asamblea vendría a ser el canal de salida democrática a la crisis, ¿pero qué pasaría si no llega a instalarse? Una revisión, aunque fuere somera, de encuestas y tendencias de opinión que se sume a la irreemplazable “toma de pulso” directa nos dirá que hay una corriente mayoritaria de cansancio y rechazo al sistema vigente, y que esa es ya una corriente emocional fuerte. ¿Qué ocurriría si en vez de encontrar un canal democrático se desborda como un tsunami? Entonces será el llanto y el crujir de dientes.
* Profesor universitario e historiador