Tras la firma del presidente Alfredo Palacio en el reglamento de Intermediación Laboral y Tercerización de Servicios, y la orden de su posterior publicación en el Registro Oficial, las reformas laborales aprobadas en junio pasado podrán ser finalmente aplicadas.

El ministro de Trabajo, José Serrano, firmó el documento el miércoles pasado mientras hasta ayer en la tarde se esperaba la firma de Palacio.

El reglamento refuerza los requisitos para el funcionamiento de las empresas del área y su respectivo registro legal.

Para ello, se fija el pago (por una sola vez) de una tasa única de registro correspondiente a una remuneración básica unificada (160 dólares) que deberán cancelar las intermediadoras, tercerizadoras, agencias privadas de colocación de empleo y las personas naturales que realicen intermediación laboral en el sector agrícola y de la construcción.

Para el pago de la tasa, las empresas deberán cumplir previamente con todos los requisitos establecidos en la ley (como contar con un capital mínimo de 10.000 dólares, por ejemplo); además, de someterse a una verificación física de sus instalaciones y mantener un registro de los aportes de seguridad social por cada trabajador.

Las únicas empresas exentas del pago de la tasa de registro son las que obtuvieron su autorización de funcionamiento antes de la vigencia de las reformas laborales. Según Serrano, en este caso están 1.080 empresas de un total aproximado de 2.600 que se estiman operan en el mercado laboral.

La lista de empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo será publicada en octubre próximo en el Registro Oficial y, desde entonces, se hará una actualización cada dos meses.

En cuanto a los fondos de reserva que se deberán pagar desde el primer día de trabajo, estos no serán aplicables para los intermediados por horas; mientras que para el pago de utilidades, los intermediados recibirán las generadas por la usuaria a menos que las ganancias de la intermediaria sean mayores a las de la usuaria.

El reglamento determina que cada director regional del Trabajo presente, hasta el 15 de enero de cada año, su plan anual de inspección de la actividad.

DEMANDAS

EMPRESAS
El 20 de junio pasado, la Asociación Nacional de Empresarios de Servicios de Personal presentó un recurso de amparo a la ley. El 17 de agosto, la Defensoría del Pueblo calificó como procedente la demanda de inconstitucionalidad planteada por la asociación a cinco artículos. Los dos procesos siguen pendientes. Fabián Cevallos, abogado del gremio, espera que la próxima semana se definan las audiencias.

CÁMARA
El 7 de septiembre pasado, la Cámara de Comercio de Guayaquil presentó otra demanda de inconstitucionalidad.