Empresa contratará hoy un fideicomiso por $ 500.000 para devolver el dinero a quienes lo solicitaron.

Ayer arribó a esta ciudad Arturo Cordero, abogado mexicano de la firma Alvarado y Asociados, contratado como asesor de Eurowork Global, con sede en Estados Unidos, para defender la existencia legal de la compañía en Ecuador y devolver los dineros a las personas que pagaron entre 500 y 580 dólares desde agosto del año anterior a cambio de una visa de trabajo para España, pero la oferta se incumplió.

“Vengo a unir fuerzas con los abogados de Ecuador, Óscar Zúñiga y Andrés Tola; desafortunadamente el retraso para la entrega de visas obedece a cambios en las leyes migratorias de España, pero demostramos que hay personas que cumplieron con todos sus trámites y están por viajar”, señaló Cordero.

Fideicomiso
Según este asesor, Eurowork Global contratará hoy un fideicomiso por medio millón de dólares para devolver el dinero a quienes lo solicitaron y ya no deseen continuar a la espera del cumplimiento de la oferta.

Cordero aseveró que con este dinero se cubrirá el pago de todos los afectados, aunque no precisó cuántos son. “La prensa dice que son 1.500; ese número es muy alto, estamos realizando un conteo para tener el número real”, anotó y dijo que en los últimos seis meses se pagó al 30% de afectados con la devolución de 240 mil dólares.

Pruebas
Una de las pruebas presentadas ayer por los abogados defensores de Ober Castillo Jaramillo y su hija Johanna Castillo Andrade, gerente y administradora de Eurowork en Ecuador, fue el testimonio juramentado de dos clientes que viajarán con su visa de trabajo a España.

Alberto Puma Quito y Jorge Castillo se presentaron con sus documentos y sus pasaportes visados a la Fiscalía de Migración. “Antes de irnos queremos demostrar que a nosotros la compañía  nos cumplió, aunque se demoró un año”, expresó Puma.

Mientras, en el pasaporte de Castillo se selló una visa para 90 días y no para un año, como fue la oferta de trabajo de Eurowork. “Es que cuando llegue a San Sebastián, donde voy a trabajar como chofer, tengo que tramitar la tarjeta de residencia, allí me darán para un año”, manifestó convencido.

Entre tanto, Paúl Vásquez, fiscal de Migración, insistió en que Orbe Castillo y su hija permanecerán detenidos, acusados de delito migratorio. “La ley tipifica dos clases de delitos migratorios; el artículo 563 del Código Penal  habla de estafa relacionada con migraciones ilegales; y el 440, inciso A, del tráfico ilegal de migrantes, cuando una persona facilita por medios ilegales a nacionales o extranjeros la salida del país”, indicó.

Vásquez evitó comentar sobre el proceso judicial, para un pronunciamiento tiene plazo de 90 días. Mientras, continúa la investigación  con base en los elementos probatorios que se presentan en el expediente.

Dijo que para delitos migratorios no hay fianza, pero podría existir una revocatoria de la orden de prisión preventiva siempre que se desvanezcan los elementos que llevaron a la Fiscalía a solicitarla, “pero por el momento no se desvanecen los elementos que yo considero son incriminatorios”, aseguró.