El Ejecutivo hizo once objeciones a la Ley que crea el Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Eléctrico e Hidrocarburífero (Feiseh).

Contrariamente a lo que había anunciado el Ministerio de Economía (MEF), el veto parcial no se refirió al techo de las inversiones en el sector hidrocarburífero (que el Gobierno había propuesto en $ 1.500 millones, y que el Congreso eliminó).

El veto tampoco trató sobre la mínima capacidad de generación que debían tener los proyectos hidroeléctricos, que en el programa del MEF era de 25 kilovatios y que el Legislativo también eliminó.

En el veto parcial, que ayer el Ejecutivo entregó al Congreso, insistió en la posibilidad de utilizar los fondos del Feiseh (alrededor de $ 343 millones) en el presente ejercicio financiero. En este sentido, el Ejecutivo sugiere que se elimine un inciso del artículo 2 del proyecto aprobado, que dice que el monto del Feiseh se determinará “previa a la adquisición de compromisos o a la planificación de proyectos a ejecutarse con estos fondos”.

El Ejecutivo propone, en cambio, que la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) “señale el monto de los ingresos que se obtendrán de la exploración del bloque 15 y de los campos unificados Edén-Yuturi y Limoncocha”.

El Gobierno hace énfasis en que, en este año, el Feiseh transfiera los recursos al MEF para que este cree una partida presupuestaria para iniciar, en el presente ejercicio económico, las readecuaciones de la refinería de Esmeraldas. Por ello, sugiere  que se especifique este punto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley.

El Gobierno solicita, además, que el fondo de garantía del Sistema de Microfinanzas sea administrado por la Corporación Financiera Nacional (CFN). A pesar de sus anuncios en el sentido de que solicitaría que se recorte el monto para los microcréditos, de $ 70 millones aprobados por el Legislativo, a $ 50 millones sugeridos por el MEF, el Gobierno respetó la distribución que consta en la Ley y mantiene la disposición de que el Banco Nacional de Fomento (BNF) administre parte de los recursos.

El Congreso tiene 30 días para acoger o negar el veto.