España endureció ayer el tono frente a los gobiernos de países africanos, origen de la mayoría de los inmigrantes ilegales que siguen llegando a las islas Canarias, que el fin de semana recibió a 1.500 subsaharianos, récord que eleva a más de 21.000 las llegadas desde enero.

“Es necesario hacer saber a los países de origen de los inmigrantes que estas semanas están arribando a nuestras costas, que no vamos a tolerar que sigan llegando, que no vamos a seguir aceptando que se incumplan los acuerdos bilaterales y multilaterales”, advirtió la vicepresidenta primera  del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

“Estamos dispuestos a actuar con toda firmeza”, sostuvo la número dos del ejecutivo sin mencionar explícitamente a ningún país africano, durante la inauguración de la IV Conferencia de Embajadores de España reunidos en Madrid y a la que asisten más de 120 diplomáticos españoles.

Además de los acuerdos bilaterales que en materia de repatriación España ha alcanzado con Marruecos, Argelia, Mauritania y Nigeria, Fernández de la Vega se refirió  al Acuerdo de Cotonú alcanzado por los países ACP (África, Caribe y Pacífico) y  la Unión Europea, al que ha mencionado en anteriores ocasiones.

“España quiere una inmigracion legal y ordenada”, aseguró Fernández de la Vega el pasado viernes, después de anunciar que antes de fines de septiembre, ministros  del Interior y de Defensa de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre,  Malta y Eslovenia, se reunirán en Madrid para elaborar una propuesta sobre  gestión de frontera marítima.

El ministro español del Interior advirtió la semana pasada que la “presión  migratoria” continuará sobre Canarias, pero para calmar las críticas de la  oposición conservadora, aseguró que en lo que va del 2006, el gobierno repatrió a casi 53.000 inmigrantes ilegales.

La inmigración clandestina se convirtió en la primera preocupación de los españoles con el 64%, según una encuesta difundida por la radio Cadena Ser, muy por delante del desempleo o el terrorismo.