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Ya que las costumbres no llaman la atención, no debería sorprender la salida de un ministro. Que se vaya uno y que venga otro solamente para irse tan rápido como llegó ha sido la constante de este impredecible Gobierno, de manera que el cambio en el área de Defensa no sería sino un hecho cotidiano. En una administración como esta cabe perfectamente aquello de la mancha adicional del tigre, aunque ya es evidente que de tanto ir añadiéndolas, la gastada piel ha cambiado de color y se ha vuelto oscura. Pero otra cosa muy diferente dicen las circunstancias que rodean no solo a la salida del ministro Jarrín sino en general las que caracterizan al campo de la defensa.

En sí mismo no hay nada claro en el cambio de ministro. Las especulaciones apuntan a problemas internos de las Fuerzas Armadas, que se habrían producido por la intención del ministro de trasladar ciertas potestades que actualmente tienen los altos mandos a la autoridad civil de ese campo, vale decir al propio ministro. Esta habría sido una sui géneris manera de entender el sometimiento militar al poder civil, que finalmente es el que garantiza su carácter no deliberante. A esto se habría añadido la decisión de sanear las empresas militares e incluso de reducir drásticamente su número, más por razones económicas que por consideraciones de fondo acerca del papel de las instituciones militares. Pero también se dice que el ministro saliente habría caído en desgracia frente a poderosos grupos económicos y políticos que consideraban una amenaza a sus intereses la posición en torno a la construcción del puerto de Manta. En fin, sea lo que fuere, no puede ser tomado como un hecho más de la cadena a la que nos ha acostumbrado el Gobierno, ya que parece que hay condumio por dentro y el silencio gubernamental solamente logra hacer que este huela mal.

Pero, independientemente de las causas que produjeron el reemplazo ministerial, hay algo de fondo que no puede solucionarse ni siquiera con todas las explicaciones que pudiera dar el actual Gobierno. Lo que le convierte en especial a este recambio es el carácter insondable que ha asumido el tema de la defensa en nuestro país. Por varias razones, entre las que se destacan los cálculos políticos y la conveniencia de contar con un árbitro de última instancia para el juego político interno, los políticos ecuatorianos se han desentendido de ese aspecto y lo han dejado en manos de los militares. No hay un partido político y mucho menos un político independiente que puedan juntar un par de ideas al respecto. Un simple indicador de esta realidad es ese anacronismo inconstitucional que exige que el ministro de Defensa sea un militar en retiro. Si esto no ha sido tocado en la larga cadena de reformas constitucionales, incluida la que realizó la Asamblea reunida precisamente en un recinto militar, menos aún se abordarán aspectos que son fundamentales para materializar el sometimiento militar a la autoridad democrática. Ahí está la tela que se debe cortar.