Mientras Roldós propone ir a una Asamblea Constituyente únicamente en el evento de que el Congreso no haga caso a lo que el pueblo decida en una consulta popular que él, de ganar las elecciones, convocaría el 16 de enero de 2007, Rafael Correa propone ir directamente a la Asamblea. A una Asamblea que, según este último, tendría “plenos poderes” y que sería convocada también el 16 de enero del 2007. La ventaja de la propuesta de Roldós es que tanto el Congreso como la hipotética Asamblea tendrían como guía, un pronunciamiento popular sobre asuntos muy concretos como la potestad presidencial de anticipar las elecciones parlamentarias, reforma estructural del sistema electoral eliminando el voto en plancha, etcétera. Es decir, ni los diputados del Congreso –en el evento de que este asuma la tarea de reformar la Constitución– ni los miembros de la Asamblea –en el caso que aquel fracase– podrían hacer lo que les venga en gana, pues, encima de ellos estaría el peso de un mandato popular.
La propuesta de Correa tendría la ventaja de evitarse el recorrido que pretende hacer Roldós: primero consulta, luego preparar el proyecto, después enviarlo al Congreso para luego esperar qué sale de allí, si es que algo sale. Y solamente entonces, cuando quede claro que el Congreso no ha hecho caso a la consulta popular, se llamaría a una Asamblea Constituyente. Ciertamente un camino en el que algunos peligros pueden acechar.
Ambas propuestas –si sus auspiciantes son sinceros en sus intenciones, y al parecer sí lo son– están llamadas a un enfrentamiento total con el establishment político. La de Roldós revela algo de prudencia: vamos por partes, primero démosle una oportunidad al Congreso. La de Correa, su impaciencia: vamos a una Asamblea directamente. Ambas propuestas, en todo caso, probablemente fracasen. Lamentablemente, la partidocracia seguirá apoderada del Congreso y de las instancias de control que desde allí se manipulan. Ni ella ni su estilo de hacer política se van a ir a su casa con las próximas elecciones.
Sin embargo, sí deberían explicarnos algunas cosas: ¿quién va a convocar a la consulta popular o la Asamblea Constituyente? ¿El Tribunal Supremo Electoral, que a la sazón seguirá en manos de los partidos de siempre? ¿Cómo vamos a elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente? ¿Otra vez con el voto en plancha? ¿Quién va a convocar a esas elecciones? ¿Van a coexistir el Congreso y la Asamblea, o el primero desaparecerá? ¿Incluyen los “plenos poderes” de la Asamblea la designación de un nuevo presidente?
Pero lo más significativo de ambas propuestas no es tanto sus bondades o limitaciones, sino el hecho de que revelan que hay un profundo deseo en miles de ciudadanos de una reforma integral al andamiaje institucional dentro del que se desenvuelve nuestra democracia. Es de suprema importancia, por lo tanto, saber cómo se va operar este cambio, que, por otra parte, al parecer luce inevitable. No vaya a ser que la medicina termine matando al paciente.