Los migrantes no mexicanos tras ser detenidos son juzgados y luego expulsados, lo que no ocurría antes.

De pie en un juzgado federal el mes pasado, el indocumentado Walter Óscar Portillo Machado le rogó a un juez que tuviera compasión de él. Pero ese no era el lugar indicado para semejante ruego.

El salvadoreño fue detenido en una franja de unos 340 kilómetros de la frontera Texas-México, que ha sido establecida como una zona de tolerancia cero para la inmigración ilegal. En lugar de ser deportados solamente, aquí los inmigrantes son arrestados, juzgados y en ocasiones sentenciados a pasar periodos en la cárcel antes de ser expulsados.

Machado fue sentenciado a 120 días de cárcel.

El sistema entró en vigencia a fines del año pasado a lo largo de una zona fronteriza que incluye los poblados de Del Río e Eagle Pass, ubicados a orillas del río Bravo. Las autoridades federales lo han elogiado por la forma de aprovechar los recursos  y  reforzar la seguridad fronteriza.

Mientras que otros sectores fronterizos no aplicaban la ley al pie de la letra porque no tenían suficientes fiscales y espacio en las cárceles, las autoridades en la zona de Del Río hallaron camas en otras partes de la región, asignaron a agentes federales para que ayuden a que los casos vayan a juicio y comenzaron a procesar a los ilegales en las cortes a razón de uno por minuto.

El sector de Del Río también canceló la práctica de detener y poner en libertad, lo que dejaba libre a la mayoría de sin papeles que no eran de origen mexicano, dándoles un documento donde se les ordenaba presentarse ante un tribunal migratorio federal un mes después, y casi ninguno lo hacía.

La mayoría de los mexicanos sin antecedentes penales que cruzan en sitios distintos al sector de Del Río son escoltados de nuevo hasta la frontera poco después de su arresto.

Los que provienen de otros países son mantenidos en un centro de detención mientras se tramita la deportación.