El proyecto consta de 35 artículos, de los cuales solo 10 están aprobados en segundo y definitivo debate.

Solo diez de los 35 artículos que integran el proyecto de Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana aprobó el Congreso Nacional.

El documento, presentado por la socialdemócrata Myriam Garcés, pretende articular la acción que realizan las instituciones públicas y de la sociedad civil para mantener el control del fenómeno delincuencial y prevenir la violencia.

Su trámite se encuentra estancado desde el pasado 27 de julio, en que el Parlamento discutió el tema y aprobó los primeros artículos en segundo y definitivo debate.

La ley, según la proponente, pretende regular una alianza estratégica entre el gobierno central, los gobiernos seccionales, organizaciones sociales, la comunidad y la Policía, con el fin de garantizar la seguridad a la ciudadanía.

Para lograr ese objetivo el Congreso, en los primeros artículos, dio paso al  Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que estará integrado por un consejo nacional, consejos provinciales, cantonales, parroquiales y organizaciones barriales.

El presidente de la Comisión de Gestión Pública, Ernesto Pazmiño, quien estudió el proyecto, aclaró que la ley no crea un gasto fiscal adicional porque no establece un ente burocrático, pues cada organización pública articulará su acción hacia un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que lo presidirá el presidente de la República o el ministro de Gobierno.

También dijo que este Consejo de Seguridad no es un organismo paralelo a la Policía, porque se encargará de implementar las políticas nacionales de seguridad.

Dijo que si bien el proyecto no eliminará la inseguridad, creará un marco legal para combatirla, implementar políticas de prevención y control del delito, así como para establecer mecanismos de exigibilidad para hacer efectiva la seguridad y convivencia ciudadana.

A través de esta ley, según la diputada Myriam Garcés, se exige al Gobierno implementar políticas sociales, invertir en educación, salud y generar empleo, pues la falta de trabajo, educación y la desintegración familiar constituyen factores que contribuyen a que la delincuencia se incremente. Destacó que también se impulsa un plan de prevención y política real de rehabilitación social, con el propósito de reinsertar a los reos en la sociedad.

Bajo esta premisa los diputados definieron como seguridad ciudadana toda acción promovida o ejecutada por las instituciones públicas, que en colaboración con la sociedad civil prevenga, proteja y garantice el orden, ante cualquier situación que los ponga en peligro.

Así, uno de los textos aprobados determina que habrá una coordinación continua entre el Ministerio Público y la Función Judicial, desde el cometimiento de la infracción o acto delictivo para reprimirlo hasta llegar a la reinserción social del infractor.