El poder legislativo aprobó este jueves una reforma que permitiría al fisco asumir unos 950 millones de dólares en deudas que distribuidoras estatales de energía eléctrica arrastran con las generadoras, un paso clave para evitar que el vital sector quiebre.

La iniciativa busca remediar el problema financiero que arrastran las distribuidoras por vender desde 1999 el kilovatio/hora por debajo de su costo debido a decisiones políticas, pero el Congreso no aprobó medidas claves para que la crisis no se repita, como la eliminación de los subsidios generalizados.

El proyecto -de 14 artículos y nueve disposiciones- presentado por el presidente Alfredo Palacio, fue aprobado por 40 de 55 diputados presentes en la sesión.

La iniciativa contempla que el Ministerio de Economía asuma el pago de 950 millones de dólares que 20 distribuidoras adeudan a las generadoras, en compensación por el déficit tarifario registrado entre 1999 y el 2005, pero no especifica el plazo ni el mecanismo para cancelar estas obligaciones.

El monto equivale al 40 por ciento de la reserva monetaria del país al 28 de julio, lo que pone en evidencia la magnitud de los problemas del sector que mantienen a los ecuatorianos bajo la amenaza de eventuales apagones similares a los registrados en la década de 1990 por situaciones naturales.

La instrumentación de la reforma, que pasará a Palacio para su sanción o veto parcial o total, representaría una bocanada de aire para las empresas que se encuentran a un paso de la quiebra, pero no desmonta los mecanismos que permiten el histórico manejo político de las tarifas y las empresas.   

CAMBIOS NO ESPERADOS
A fin de evitar problemas futuros por el cobro de los costos de generar, transportar y distribuir la energía eléctrica, Palacio propuso que el Conelec, órgano regulador del sector, apruebe anualmente el pliego tarifario sin la interferencia de ninguna autoridad del país.

En el caso que se quisiese aplicar subsidios tarifarios, Palacio planteaba que debía hacer constar una partida en el presupuesto estatal para cubrirlo y que este beneficio debía correr únicamente para segmentos poblacionales definidos y no de manera generalizada como ocurre actualmente.

Los miembros del Congreso, que se preparan para las elecciones generales de octubre, rechazaron la propuesta porque podría representar un incremento de las tarifas a los consumidores, con lo que el germen de la actual problemática continuará acechando a las empresas del sector.

"De todos modos, esto (la solución al problema del déficit tarifario: la diferencia entre la tarifa real y la vigente) abre el paso para la inversión en el área de generación", dijo a Reuters el diputado Carlos Torres.

La tarifa real promedio del kilovatio/hora es de 10,7 centavos de dólar, pero se comercializa en 8,8 centavos al usuario final. El costo de esta política tarifaria para las empresas alcanzará los 200 millones de dólares este año, con un beneficio directo para los usuarios.

El cuerpo legal dispone además que el propietario de las empresas de generación y distribución, el estatal Fondo de Solidaridad, contrate en un plazo de 180 días administradores independientes para las compañías que evidencien problemas de gestión o estén a puertas de la bancarrota.

En un esfuerzo por atraer a nuevos generadores al sector, Ecuador les garantizaría el pago de la energía que adquieran las distribuidoras estatales, siempre que el precio del kilovatio/hora sea inferior al precio referencial de generación local y se firmen contratos superiores a cinco años.

El sector eléctrico de Ecuador enfrenta una aguda crisis por el manejo político de las tarifas y la falta de inversión en proyectos de generación, lo que ha vuelto al país dependiente de importaciones de países vecinos y lo ha obligado a instrumentar planes de ahorro para evitar racionamientos.