En declaraciones para Teleamazonas, la gerente regional de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos) refiriéndose a la entrega de la administración de la Categ (Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil) a un operador internacional, indicó que los activos de la empresa estaban siendo subvalorados puesto que se “había manifestado” que costaban  13 millones de dólares, cuando en realidad “estarían” cerca de los  60 millones.

De ser así, en cualquiera de los dos casos, se habría producido un gigantesco deterioro de los activos de la ex Emelec, los cuales fueron valorados en mayo del año  2002 por el consorcio Price Waterhouse Cooper-Banco de Bilbao Vizcaya-Interdin, en la suma de  130 millones de dólares.

En aquella época tal valoración fue calificada por sectores interesados en el fracaso del proceso de reprivatización como “irrisoria”. En todo caso, hay varios responsables de la debacle de Emelec: unos por haber irresponsablemente conspirado en el año  2002 contra un proceso público, necesario y correctamente llevado y que le habría representado  130 millones de dólares al Estado ecuatoriano; y, otros, por haber permitido, por acción u omisión, la debacle de la empresa que, en tan solo cuatro años habría perdido más de la mitad de su valor. He ahí un típico caso de conspiración y abuso de dineros públicos.

Es cuestión, para la Fiscalía, de leer los periódicos de la época para encontrar a unos, y ver quiénes han manejado la empresa para encontrar a otros. Pero, sin duda, no ocurrirá ni lo uno ni lo otro.

Dr. Ricardo Noboa Bejarano
Guayaquil