Los congresistas republicanos son reacios a prorrogar las preferencias arancelarias y a que Estados Unidos retome la negociación de un TLC con Ecuador, mientras no se indemnice a Occidental Petroleum (OXY) por la anulación de su contrato, dijo a la prensa el legislador estadounidense John Shimkus.
  
El líder republicano, quien se reunió con empresarios ecuatorianos que viajaron a Washington para gestionar la prórroga de las ventajas aduaneras, aseguró que Ecuador eliminó "las buenas señales" al sancionar a la petrolera.
  
"Nuestra respuesta no sólo tiene que ver con el estancamiento de las relaciones de libre comercio, sino que las buenas señales fueron eliminadas  para la comunidad de negocios cuando una empresa privada fue confiscada por el Gobierno", indicó Shimkus en entrevista con el canal Ecuavisa.
  
Y agregó que Ecuador debe "asumir y aceptar que confiscó activos a la petrolera estadounidense, así como reconocerle la indemnización que corresponda".
  
En abril pasado el gobierno de Alfredo Palacio suspendió el contrato con la petrolera estadounidense cuando consideró ilegal la venta de acciones a la canadiense Encana sin autorización del Estado, en una acción que desembocó en la cancelación del diálogo entre los dos países acerca de un Tratado de Libre Comercio (TLC).
  
Ecuador no admite que la medida sea confiscatoria y aduce que los contratos establecen que, en caso de anulación, las petroleras transfieran sus activos al Estado, como ocurrió con la OXY.
  
El congresista Shimkus afirmó que, pese a que el encuentro con los  empresarios ecuatorianos no produjo resultados, sus colegas reconocen la importancia de las relaciones bilaterales.
  
"Ellos nos recordaron los beneficios y las ventajas de que se cultiven  flores en lugar de plantaciones de coca, esto ayudó a reeducar a nuestro Congreso con respecto a la importancia y trascendencia de la relación con Ecuador", dijo.
  
Shimkus insistió en que la renuencia de Estados Unidos a extender la  vigencia de la ley estadounidense para la Promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas (ATPDA, por su sigla en inglés) o a negociar un TLC  en Ecuador no es una represalia por las decisiones del Gobierno.
  
Según el legislador estadounidense, tal actitud refleja el recelo de los empresarios en invertir sus capitales "en un país donde el Estado puede confiscar los activos".