El presidente de EE.UU., George W. Bush, aprovechó el pasado lunes la ceremonia de naturalización de tres soldados hispanos heridos en Iraq para promover la reforma completa de las leyes de inmigración, estancada en el Congreso de su país.

El dominicano Noé Santos Dilone, de 21 años, y los mexicanos Sergio López, de 24, y Eduardo Leal Cárdenas, de 21, se convirtieron en ciudadanos estadounidenses durante un acto en el Centro Médico Walter Reed del Ejército, en Bethesda (Maryland), donde se recuperan de las heridas que sufrieron en la guerra.

Desde que EE.UU. invadió Iraq, en el 2001, más de 20.000 extranjeros que han servido en sus fuerzas armadas han adquirido la nacionalidad estadounidense.

El presidente Bush, quien recordó ese día que más de 33.000 extranjeros prestan servicios actualmente en las fuerzas armadas de EE.UU., se refirió a Santos, López y Leal como “hombres que, sabiendo el precio de la libertad, estuvieron dispuestos a pagarlo para que los demás puedan vivir libres”.

La reforma de las leyes de inmigración está estancada en el Congreso estadounidense, aunque en ambas cámaras tiene mayoría el Partido Republicano al que pertenece Bush.

Mientras, según una encuesta difundida ayer, el 69% de electores hispanos que ha oído, visto o leído detalles del debate sobre reforma de inmigración, opina que en las elecciones de noviembre no votará por candidatos del Partido Republicano, del presidente George W. Bush.

El sondeo, realizado por The Tarrance Group, un grupo allegado a intereses republicanos, confirma las tendencias difundidas la semana pasada y registradas por New Democratac Network, cercana al Partido Demócrata.

Según NDN, los votantes hispanos se alejarían del Partido Republicano en las elecciones de medio término de noviembre, cuando se renovarán todos los asientos de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

En tanto, ante la propuesta del condado de Dallas de cobrar a México por los gastos que generan los mexicanos al sistema de salud de EE.UU., líderes comunitarios y funcionarios analizan cómo paliar ese déficit.

Una juez de Dallas, en el estado de Texas, sugirió este mes cobrar al Gobierno de México, y a los de otros países, por el uso que hacen los inmigrantes indocumentados de los servicios médicos estadounidenses.