En la  Constitución Política se garantiza a las personas seguridad jurídica, el debido proceso y una justicia sin dilaciones.

El 15 de febrero, al sur de Guayaquil, a mi hijo lo secuestraron, por más de 15 minutos en un automóvil de mi propiedad, tres delincuentes que portaban armas.

Acudí el 15 de febrero a la Policía Nacional a poner la denuncia a las 14h45, al Ministerio Público a las 24h00 y a Comisión de Tránsito del Guayas fui el 16 de febrero a las 09h10, pues esta tiene la obligación de detener a los vehículos sospechosos y someterlos a registros; esto lo hice en cumplimiento de la ley, un trámite burocrático más. Pero, lastimosamente estas dependencias se limitan a ser “recepcionistas” de denuncias de un delito de acción pública.

Dos días después del robo vi mi automotor saliendo de Urdesa, al norte de la ciudad. Lo seguí hasta el km 5½ de la vía a Daule. Llamé al número telefónico 101 de la Policía Nacional para que alerten y se  intercepte el vehículo. Por más de 13 minutos hablé por teléfono móvil con el 101, sin embargo, no dieron la orden de detener mi carro robado, el cual finalmente se fue por la ciudadela Los Ceibos; muy tranquilamente los delincuentes se pasearon y se llevaron mi vehículo. Se preguntarán: ¿por qué los operadores del 101 no dieron la orden para interceptar mi carro robado? Por la cantidad de preguntas inoficiosas que estos realizan.

Hace tiempo escuché en la televisión a un político que hacía a las autoridades un llamado denunciando el robo de su vehículo. Inmediatamente la Policía hizo un operativo, localizó el carro y se lo entregó. El Ministerio Fiscal General del Estado, la Policía Nacional, en cumplimiento de la ley tienen la obligación de que los delitos de acción pública denunciados sean investigados y resueltos, para que no reine la impunidad.

Lcdo. Moisés Kure Véliz
Quevedo

Meses atrás cuando la ciudadanía se tomó las calles de Guayaquil para expresar su descontento con la justicia e inseguridad, al unísono, ante el representante del máximo organismo de la Justicia ecuatoriana gritó “¡fuera todos!”. Frase que quedó sin eco, sin rectificaciones.

¿Ha cambiado acaso la administración de la justicia, si vemos que judiciales, en su eterno propósito de perennizarse en sus puestos, acuden a los recursos de amparo que son sustanciados por los mismos comprometidos en el asunto, demostrando conductas prevaricadoras; si vemos que desde el Congreso se trata de interpretar disposiciones constitucionales y legales de contenido claro, a fin de que el gran “pulpo” inmoral continúe estrangulando los propósitos ciudadanos de ver una justicia ágil, no politizada, con jueces rectos?

Si la ciudadanía dijo “¡fuera todos!”, hay que concederle ese derecho. Pero, ¿cómo cambiar la administración de justicia si jueces a los que hoy reprochamos, mañana serán candidatos con ventajas sobre los demás concursantes? Prudente sería no permitir que jueces, cuyos cargos han sido declarados vencidos, participen como candidatos, y en el último de los casos, que concursen pero en igualdad de condiciones con los nuevos aspirantes y que en auditoría justifiquen que han cumplido con prontitud el despacho de causas.

Ab. Héctor Pin Cabezas
Guayaquil