El actual estado de descomposición moral y de desorden institucional ha provocado que frente a la necesidad de cambiar se trate de decidir, por parte de grupos interesados, que el “que se vayan todos” sea el método por aplicar, cuando la Constitución Política de la República, en el título VIII ya establece cómo deben ser llenadas las vacantes de los magistrados de la Corte Suprema y que, respecto de los demás integrantes de la Función Judicial, es el Consejo Nacional de la Judicatura –órgano de gobierno, administrativo y disciplinario de la misma– el que de acuerdo a su ley orgánica lleve los concursos de méritos y oposición.

Todo cuanto se resuelva al margen de lo expuesto  es llanamente inconstitucional; así no guste a aquellos grupos que lo deben impulsar, es la constante evaluación de los jueces y demás funcionarios judiciales para que se separe y sancione a quienes se han aprovechado y se siguen beneficiando del cargo para usufructuar y dejar mal parada a dicha Función del Estado que tiene el reto histórico de renovarse, pero acorde con las normas jurídicas imperantes.

Ab. Galo Fernández Briones
Machala

Preocupa al país cómo servidores judiciales pretenden a toda costa, ahora a través del Tribunal Constitucional, dejar sin efecto la resolución tomada por la mayoría del pleno de la Corte Suprema de Justicia, en que dejó cesante a 1.362 cargos de jueces, notarios y registradores de la propiedad, que serían reemplazados por concurso de méritos y oposición.

Hay que recordarle al Tribunal Constitucional que ellos no pueden interpretar, peor dejar sin efecto, la mencionada resolución ya publicada en el Registro Oficial, en razón de que la misma, primero, no es un acto administrativo atentatorio a la Constitución, puesto que solo la Corte Suprema puede dictar esta clase de resoluciones; y segundo, al tratar de hacerlo, el Tribunal Constitucional estaría atentando contra la independencia interna de la Función Judicial. Lo procedente sería que la queja o demanda planteada con firmas de cuatro mil judiciales deba ser desestimada y no admitirla a su trámite por parte del Tribunal Constitucional, por no tener competencia para resolver.

Nada es más denigrante que el mantenimiento de jueces políticos que están dirigidos y comprometidos con partidos y sus dirigentes, y que los empleados judiciales pretenden que sigan en sus puestos.

Ab. Julio César Rolando Samaniego
Guayaquil

Si investigamos a muchos jueces y otros que están en diferentes instituciones que deberían impartir justicia, les aseguro que la cantidad de estos aumentaría.

La profesión de abogada ha caído en descrédito; son pocos los que demuestran su honestidad, lo veraz de sus sentencias, sin que el dinero compre o venda decisiones.

Lcdo. Enrique Arteaga Gallegos
Guayaquil