El organismo tramita dos demandas en contra de las reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Hasta el próximo 20 de julio, el Ejecutivo y el Congreso Nacional deberán presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) los fundamentos jurídicos de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, en contra de las cuales hay dos demandas de inconstitucionalidad.

Las reformas, de iniciativa del Ejecutivo, aprobadas por el Congreso y publicadas en el Registro Oficial el 25 de abril pasado, determinan que el Estado reciba al menos el 50% de los ingresos extraordinarios que perciben las petroleras privadas gracias a los actuales precios del crudo.

La primera demanda la presentó Mauricio Pinto, representante de las cámaras de industriales, y fue notificada el 21 de junio pasado; la segunda se comunicó el 29 de junio y corresponde al director jurídico de la Cámara de Comercio de Quito, Juan Carlos Mejía. A partir de esta última fecha corren quince días hábiles para que el Ejecutivo y Congreso contesten la demanda.

Ambos documentos señalan que las reformas afectan los contratos petroleros vigentes; al otorgarle a una norma el carácter retroactivo, se violentan –sostienen las demandas– normas constitucionales y legales.

Adicionalmente, indican, el Estado   adquirió obligaciones  internacionales a través de tratados de protección de inversiones. En estos, insisten los demandantes, se ha comprometido a no reformar contratos y a no establecer normas confiscatorias. También a no efectuar expropiaciones directas ni indirectas.

Las demandas se estudian en la Segunda Sala del TC, presidida por Carlos Soria (Prian), Jacinto Loaiza (PSC) y José García Falconí (PSP).

Una vez que el Ejecutivo y el Parlamento emitan su criterio sobre las reformas, la Sala se volverá a reunir para resolver  el caso. Mientras tanto, la Comisión de lo Económico del Congreso solicitó audiencia al TC en calidad de terceros interesados.

El presidente de la comisión, Jorge Sánchez (ID), señala que cuando se aprobó la reforma el Parlamento se ajustó a lo que determina la Constitución. El parlamentario Salvador Quishpe (Pachakutik) anticipó que el movimiento indígena  organiza movilizaciones para vigilar el fallo del organismo.