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| eluniverso.com | 12h18 |
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Gobierno evalúa consulta popular sobre reforma a la ley petrolera |
Julio 03, 2006
QUITO | AFP
El Gobierno evalúa someter a consulta popular la reforma que obliga a las multinacionales a repartir sus ingresos extras por el crudo, ante una eventual derogación de la norma por parte de los jueces, anticipó el lunes el secretario de la Administración, José Modesto Apolo.
"Es una alternativa que se está estudiando, y que solo se concretaría si es que el Tribunal Constitucional (TC) acoge la demanda contra la Ley de Hidrocarburos presentada por una cámara de industriales", afirmó José Apolo.
El funcionario expresó que el Ejecutivo, para contrarrestar una sentencia desfavorable, promovería una consulta paralela en las elecciones de octubre interrogando a los ecuatorianos sobre la ley petrolera.
"Si llegado el caso, la ciudadanía se pronunciara a favor de la norma -que sin duda beneficia a la mayoría- el próximo Congreso recibiría un mandato para incorporar a la Constitución el espíritu de la ley", explicó Apolo.
El secretario confió, empero, en que los miembros del TC actuarán con "responsabilidad y sentido patriótico", y dejarán en pie la reforma que obliga a las petroleras extranjeras a transferir al menos el 50% de las ganancias excedentes por el alza del precio del crudo.
La resolución fue aprobada en abril por el presidente Alfredo Palacio y suscitó el rechazo de las petroleras extranjeras, que lo acusan de violar la ley al modificar los contratos después de firmados.
Aun así, el régimen señaló el jueves que "no se dejará amedrentar" y obligará a las empresas a entregar incluso más del 50% de sus ingresos extras.
"Esta es una reforma de envergadura, la más grande reforma petrolera que se ha hecho desde 1978, y obviamente altera a muchos grupos de poder a los que se les ha quitado 1.500 millones de dólares anuales", afirmó Diego Borja, ministro de Economía.
Borja confirmó que el Gobierno aspira a que Ecuador se quede con una utilidad superior al 50% de los ingresos excedentes y para ello planteará cambios al reglamento de la controvertida ley.
Según el régimen, la repartición del ingreso extra por el alza de la cotización del crudo ecuatoriano generará unos 500 millones de dólares al año, que serán invertidos en programas de asistencia social.
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