Las leyes en Francia han convertido a quienes residen ilegalmente en ese país en perseguidos, así sean niños. Para evitarlo se lanzó un plan de apadrinamientos.

La policía irrumpe en hogares, los niños se esconden bajo las camas, otros son acogidos por familias francesas, las que se arriesgan a recibir castigos con multas de $ 37 mil o  cinco años de prisión.

Cuando la policía llegó para deportar a Samira Babaian y a sus dos hijos, Alek, de 10 años, se escondió bajo la cama. Desde aquella mañana de abril, el niño se acostumbró a esconderse: los padres y maestros de su escuela de Lyon se han turnado para ocultarlos a él y a su hermano David, de 7 años, inmigrantes sin papeles de Azerbaiján, para que permanezcan en el país, publicó la revista Socialismo o Barbarie.

La persecución es parte de una ley que exige la salida de los niños  y sus padres que viven en forma clandestina en Francia. Inicialmente se fijó como fecha para su aplicación el viernes pasado, día en que concluyó el año escolar;  sin embargo, presionado por las protestas, el gobierno dio una prórroga hasta el próximo 13 de agosto para ejecutarla.

La medida supone la amenaza de expulsión de unos 50.000 hijos de padres sin papeles, aunque se calcula que son cerca de 100.000, según la Red de Educación Sin Fronteras (RESF).

El ministro francés del Interior, Nicolás Sarkozy, impulsor de la polémica ley, se comprometió a revisar la situación.

Las inminentes vacaciones aceleraron el movimiento, la asesoría de indocumentados, la recogida de firmas, las manifestaciones, las huelgas de hambre, de profesores, las cadenas humanas o los planes para ocultar a los niños que lo necesiten este verano, publicó la agencia EFE.

Aunque Sarkozy insiste en que no se regularizará a todos, la noticia de la prórroga para el inicio de las expulsiones hace soñar a decenas de miles de sin papeles, y ocasiona colas de más de 17 horas solo para intentar obtener la cita en la prefectura central de policía, que permita demostrar el cumplimiento de los seis requisitos indispensables.

Entre ellos, que uno de los padres resida en Francia desde hace dos años, que el menor sea estudioso, que no tenga más de 13 años ni relación con su país de origen -mejor si perdió su lengua materna-, y que su familia pruebe de muchas  maneras su “real voluntad de integración” y lo bien que se ocupa de sus niños, además de dominar el idioma francés.

El verano se anuncia agitado, pues en caso de respuesta negativa, la desobediencia civil prevé múltiples estrategias, que incluyen la acogida en familias francesas de los menores para reescolarizar a partir de septiembre, así como la ocultación de sus padres, por supuesto en la mayor ilegalidad.

En los miles de centros escolares, padres de familia, profesores, miembros del comité de apoyo acompañan a los  inmigrantes para comprobar que no les falte ningún documento y que su familia no quedará al descubierto si fracasa en el intento de obtener los papeles.

Pero las protestas contra la medida van en aumento  desde hace dos meses en centros de enseñanza de París, Marsella y Toulouse.

Para evitar que se aplique cualquier expulsión, la Red de Educación Sin Fronteras organizó un sistema de guardias y lanzó una campaña simbólica de apadrinamiento a la que se unió el alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoe, quien se ha convertido en el ‘padrino’ de unas doce familias de indocumentados y ha permitido la recogida de firmas de forma permanente,  en la plaza del ayuntamiento. Casi 70.000 franceses firmaron ya contra las expulsiones, registró el diario De León.

“El inicio de las vacaciones de verano será, para muchos niños este año, el inicio de un calvario”, lamenta RESF, denunciando “la caza de menores” que efectuará el gobierno, publicó la agencia AFP.

La radical posición del gobierno francés en el debate por la inmigración tiene como antecedente los incendios de miles de autos por jóvenes inmigrantes en los tumultos callejeros de los suburbios, en noviembre pasado.

Fue en ese mes cuando Sarkozy, que espera presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del año próximo, juró que acabaría con la inmigración ilegal y deportaría a 25.000 personas este año, comparadas con las 20.000 del 2005 y las 10.000 expulsadas en el 2002.

Sarkozy incluso ofreció pagar a los indocumentados para que se fueran.
Dio órdenes a la policía francesa de ofrecer a los inmigrantes ilegales 7.000 euros ($ 8.890) por pareja y entre 2.000 y 1.000 euros ($ 2.540 y 1.250) por hijo, pero su propuesta al parecer no tuvo acogida entre los extranjeros sin papeles, señaló Socialismo o Barbarie.

La situación de los miles de niños ha despertado la solidaridad de los franceses, mientras el gobierno, para impedir  la protección a los sin papeles anuncia castigos con multas de 30.000 euros ($ 37.500) o cinco años de prisión a quienes los acojan.

OTRA LEY

REAGRUPACIÓN FAMILIAR
Otra  ley aprobada el viernes pasado dificulta el reagrupamiento familiar. Exige que el inmigrante que quiera traer a los suyos lo podrá hacer solo luego de transcurridos 18 meses de residencia y tras cumplir otros requisitos.

MIGRACIÓN SELECTIVA
Se permitirá solo el ingreso de extranjeros calificados, como ingenieros, investigadores, enfermeras o artistas, que puedan contribuir al desarrollo de Francia, quienes podrán recibir un permiso de residencia por tres años renovables.

ELIMINA LEGALIZACIÓN
Se elimina la regularización automática de quienes  lleven más de diez años en Francia, como ocurría hasta ahora.

MATRIMONIOS MIXTOS
La ley  combate los llamados “matrimonios de connivencia”, al no otorgar automáticamente el permiso de residencia al inmigrante casado con un nacional francés, ya que será obligatorio demostrar un tiempo de convivencia.

50 MIL NIÑOS
incluso hasta 100 mil se calcula que son los escolares afectados con la polémica ley que prevé la expulsión de los hijos de inmigrantes indocumentados que viven en Francia.