Judiciales afirman que actuaron de acuerdo con la ley. Algunos rechazan pedido de Ministro Fiscal encargado.

El expediente de denuncia que abrió el ministro fiscal del Guayas (e), Jorge Blum, contra once jueces penales puso a algunos de estos en alerta, pero otros cuestionaron el procedimiento.

Mediante un oficio, Blum solicitó a los judiciales 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 10º, 12º, 13º, 15º y 20º de lo Penal del Guayas que remitan un informe documentado con relación a los procesos en que fueron liberados tres presuntos delincuentes.

Los sujetos son: Carlos Alberto Castro Rodríguez o Carlos Ruiz Brito, Gustavo Fabián Rojas Mendoza y Luis Alberto Mendoza Romero o Gustavo Delgado Delgado o Luis Alberto Rodríguez Espinel.

El juez 3º, Reynaldo Cevallos, dijo que no ha recibido el oficio, pero explicó que contra Castro Rodríguez y Rojas Mendoza existe el juicio 272-2006 por robo de cinco cartones y dos portafolios, razón por la cual fueron detenidos el 5 de mayo. A ambos le concedió libertad bajo fianza, el 17 de ese mes, por tratarse de robo simple. Castro tiene detenciones por robo el 14 de mayo y 26 de julio de 1999.

En el caso de Mendoza Romero señaló que en el 2005 el fiscal Santiago San Miguel no acusó y el anterior ministro fiscal ratificó ese dictamen, por lo cual él, como juez, debía dictar la libertad.

Mientras, la jueza 5ª, Rocío Santos, indicó que la fiscal Fanny Castro tramitó una instrucción contra Mendoza Romero. Indicó que en diciembre del 2005 lo llamó a juicio y en mayo del 2006 lo acusó por robo agravado y hasta el momento sigue detenido. Expresó que en el 2005 recibió otra indagación contra Delgado Delgado, a quien le dictó prisión que no ha sido revocada.

El juez 20º, Jorge Moreno, indicó que según el archivo computarizado, en mayo de 1999 hubo un sobreseimiento para Mendoza Romero que fue confirmado en el 2000 por la 4ª Sala de la Corte de Justicia anterior. “Hay un grave error por parte del Ministro Fiscal, ya que hace muchos años se eliminó como conducta delictiva el hecho de que una persona tenga ficha policial. Se está haciendo una cacería de brujas (...)”, dijo.

El juez 7º, Jorge Guzmán, explicó que no ha conocido instrucción alguna contra los tres supuestos delincuentes. Dijo que los jueces no son responsables de las “malas investigaciones” que hagan la Fiscalía o Policía. “Nosotros solo examinamos esos resultados y si son negativos debemos liberar a ciudadanos en contra de quienes no se ha demostrado participación alguna”, manifestó.

Mientras, el Consejo Nacional de la Judicatura destituyó al juez 1º de lo Penal del Azuay, Miguel Arias, al determinar que se acogió al dictamen de un perito legista pedido por un acusado de tenencia de drogas; y no del perito oficial del Consep, para emitir su sentencia y liberarlo.