Los habitantes aseguran que  hay varios casos de desaparecidos y la Policía no investiga  nada.

Desapareció. Nery Cevallos Zambrano, de 23 años,  llevaba gorra y pantalón beige, camisa negra y zapatos de cuero café cuando su madre, Sonnya Zambrano, lo observó por última vez durante el atardecer del 31 de marzo pasado.

Cevallos, de 1,75 m y tez canela, se dirigió con tres compañeros de trabajo a un prostíbulo ubicado en la vía que une los cantones manabitas de El Carmen y Pedernales, en estado etílico.

“Asumimos que le dieron algo para volverlo bruto y llevarlo a ese lugar, mi hijo era un chico sano”, explica su progenitor Horacio Cevallos mientras se mece en su hamaca junto a su vivienda de ladrillo rodeada de platanales.

Ya transcurrieron 75 días desde aquel día y la espera se le hace eterna a Sonnya. Las marcadas arrugas en la frente  son, según ella  dice, “las señas de su dolor”.

“La Policía nunca me ayudó. Pareciera que todos están confabulados pero  estoy casi seguro de que a mi hijo se lo llevaron esos secuestradores que matan para sacarle órganos”, especula el padre.

La búsqueda del joven se hizo durante quince días. Los policías, según Horacio, apenas se dedicaban a transportarlos. Los ríos de la zona y hasta los sitios donde con frecuencia los delincuentes dejan cadáveres fueron parte del itinerario.

“Un día fuimos al río Pedernales. Los policías de El Carmen solo fueron a mecerse en una hamaca al pie del río mientras nosotros con los bomberos buscábamos, nunca me quisieron ayudar”, insiste Horacio. “Por eso y otros actos de corrupción es que la gente reaccionó con indignación y les destruyeron el destacamento”, agrega.

El listado de desaparecidos también incluye a adolescentes. Jonathan Hernández Chávez (13),  vendedor de cartillas del Pozo Millonario, tampoco aparece desde el 5 de noviembre pasado.

Su madre, Verónica Chávez (28), se dedica a pelar plátanos en una de las empacadoras que abundan en este cantón manabita. “Estaba sentado tomando su café cuando lo vi por última vez. Nadie nos ayudó porque no tenemos plata y la Policía nos pide eso para moverse”, señala María Chávez, tía de Jonathan.

Las rectoras de escuelas fiscales también están alertas  ante el aumento delictivo que se registra en este cantón manabita, habitado por 70 mil personas.

Lourdes Vera, rectora de la escuela Restrepo, mantiene las puertas del establecimiento cerradas. “Aquí estamos desprotegidos y con eso de que se están llevando a los niños ahora hice un listado de los estudiantes y de la persona que se encarga de recogerlos”, explica.

Esta rectora cuenta que una amiga suya acorraló hace un mes a un delincuente que intentaba robar en su vivienda. “Llamamos enseguida al destacamento. Los uniformados se paseaban al pie de la casa donde estaba el ladrón pero preferían perseguir a los motorizados que no tenían sus papeles en regla para conseguir dinero. Dígame qué era más importante, capturar a un ladrón o seguir a un estudiante que andaba en moto sin papeles”, comenta Vera.

Al final tuvo que dejar libre al delincuente porque la Policía nunca llegó.