- JUN. 15, 2006 - Foto - Sucesos - EL UNIVERSO
QUITO.– En la sesión del pleno de la Corte Suprema, los magistrados Jorge Endara (i), Marco Guzmán, Eduardo Franco y José Robayo trataron sobre la queja de la Embajada de los EE.UU.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia estudiará la queja presentada por la Embajada de los Estados Unidos en contra de los ministros de la Primera Sala de lo Penal del Guayas, quienes enfrentan una acusación por demorar el fallo en un juicio de tráfico ilegal de personas.
El canciller Francisco Carrión mostró su inconformidad por la “injerencia de los Estados Unidos”.
CNJ estudia queja de Embajada sobre jueces
El Canciller de la República expresó su incomodidad por la injerencia de EE.UU. en los asuntos internos.
Aunque el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco, aseguró durante la sesión del pleno de ayer que la denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos fue enviada al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en ese organismo se confirmó que no llegó hasta el mediodía de ayer.
La queja, planteada por Héctor Colón, agregado de esa dependencia norteamericana, en contra de los tres integrantes de la Primera Sala de la Corte Superior de Guayaquil, Hólger Bonilla, Freddy Rodríguez y Armando Cervantes (suspendido por otro caso), causó indignación entre los magistrados de la Suprema, ente donde pidió la suspensión y destitución de los jueces.
El pedido fue realizado por el magistrado Eduardo Franco Loor, en vista de que en el caso de Cervantes enfrenta otra queja por haber liberado a 10 narcotraficantes, supuestos integrantes de la mafia rusa.
Actualmente los miembros de la Sala enfrentan la acusación de liberar a integrantes de bandas dedicadas al tráfico ilegal de seres humanos.
Respecto de la queja, Velasco se limitó a informar que fue remitida al CNJ; no obstante, esto fue negado a las 15h00 de ayer por el vocal Benjamín Cevallos, pues hasta las 13h00 no llegó la denuncia.
Frente a ello, el pleno de la comisión de quejas del CNJ solicitó a su presidenta, Rosa Cotacachi, recopile la información para iniciar un expediente administrativo en contra de los jueces.
Ayer, el magistrado Eduardo Franco Loor se quejó de la lentitud con la que actúa el CNJ, pues hasta el momento no expide una resolución en torno al caso de Cervantes, acusado de liberar a delincuentes.
En la carta la embajada explica que según el informe del departamento internacional, el 4 de marzo del 2005 el juez segundo de lo Penal del Guayas, Luis Santana, emitió a pedido del representante del Ministerio Público el auto de llamamiento a juicio contra más de cinco implicados en el delito, pero que recién el 5 de mayo de ese año la Primera Sala notificó a las partes la recepción del proceso.
Incomodidad
El canciller, Francisco Carrión, informó ayer que ya pidió a la Embajada de Ecuador en Washington que exprese la “incomodidad” que provocó la queja del agregado regional del Departamento de Seguridad Interna de ese país, Héctor Colón, sobre la morosidad con que la justicia ecuatoriana ha tratado dos casos de implicados en el tráfico ilegal de migrantes. Para la diplomacia ecuatoriana se trata “de una injerencia en un asunto interno”. Carrión dijo que la preocupación del funcionario de Estados Unidos “debió canalizarse por las vías diplomáticas correspondientes”.